Por Abg. Gianfranco Barchiesi. En un contexto donde la seguridad y la integridad de las obras de infraestructura son fundamentales, Compliance emerge como un pilar clave para mitigar riesgos y garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Este artículo explora la importancia de los informes técnicos en la construcción de infraestructura segura. A través de un análisis detallado, se destaca el rol del Compliance en la supervisión de los informes técnicos, asegurando que los intereses económicos no comprometan la seguridad y la calidad de las obras. Un llamado de atención sobre la relevancia de estos aspectos, especialmente en sectores con gran impacto social y ambiental.
Rol del Compliance en la Construcción de Seguridad en Obras de Infraestructura
Informes Técnicos y Cumplimiento Normativo
Por Gianfranco Barchiesi.
Gianfranco Barchiesi es abogado de la Universidad de Mendoza y ex alumno del IAE, especialista en cumplimiento normativo y temas a fin. Como becario del DAAD se encuentra actualmente realizando una investigación doctoral en Alemania sobre la “adaptación de los programas de compliance de multinacionales a la realidad local en terceros países”. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gianfranco-barchiesi/
ADVIERTO, a primera vista el tema podría parecer completamente ajeno y extraño para el compliance: no lo es. Se trata en verdad de un RIESGO DIRECTO para el área de cumplimiento, con similitudes a otras áreas que conocemos bien. Es precisamente su SUBESTIMACIÓN lo que invita la redacción del artículo.
Los proyectos de minería y energía, así como la construcción en general, dependen de grandes obras de INFRAESTRUCTURA; pero en verdad, casi todas las empresas y actividades económicas tienen un interés directo en la infraestructura.
La seguridad de estos proyectos depende de INFORMES TÉCNICOS, realizados generalmente por ingenieros y geólogos. Su calidad técnica dependerá también de la correcta conformación de los equipos técnicos, su control y de sus incentivos. Aquí interviene el área de COMPLIANCE, para garantizar que la seguridad sea una prioridad y los informes técnicos no pasen a un segundo plano como un mero requisito administrativo.
El actor FINANCIERO involucrado en el proyecto juega un rol clave, potencial aliado estratégico por su interés directo en la seguridad de largo plazo en todo proyecto.
Los PANELES DE EXPERTOS conformados por especialistas destacados, encargados del control de los informes y financiados por el conjunto de stakeholders son una medida de mitigación que puede promover el departamento de cumplimiento.
FACTORES DE RIESGO! Perspectiva cortoplacista en los actores involucrados, con la vista puesta en resultados inmediatos y apartada de la seguridad.
Ejemplos de catástrofes producto de un COMPLIANCE DEFICIENTE: muchos. Y más de uno en la región.
El rol de la infraestructura y de estas actividades fuera de las grandes ciudades hace que sea un riesgo de compliance muy FEDERAL. Un accidente podría dilapidar toda la confianza depositada en la actividad y desbaratar el desarrollo económico en una región, incluso por razones AMBIENTALES, un aspecto de relevancia monumental.
No perdamos la PERSPECTIVA ECONÓMICA: buscar rentabilidad también es una prioridad; pero hay que asegurarse primero la seguridad técnica.
Cada uno de estos temas están desarrollados en el artículo, donde los invitamos a abrir el panorama a un riesgo de cumplimiento poco explorado pero fundamental en los países de habla Hispana donde el desarrollo requiere de estos proyectos.
Informes Técnicos: ¿de qué estamos hablando?
Cuando pensamos en los riesgos de compliance, nos vienen a la mente ciertos rubros relevantes para el cumplimiento normativo. Junto al riesgo de corrupción suena el lavado de activos, la defensa de la competencia y el uso de información privilegiada. Otros riesgos, como el acoso laboral, la discriminación o la protección de datos suenan fuerte también. Los informes técnicos para la construcción de infraestructura no entran en este radar. Se trata de un riesgo desatendido, ausente en la bibliografía, y que por lo tanto demanda atención. Si con un poco de paciencia nos interiorizamos en él para descubrir de qué trata este tema, se abrirá paso a todo un nuevo espacio de riesgos relevantes para muchísimas empresas y actividades.
¿Qué entendemos aquí como informes técnicos? Nos referimos a los informes o dictámenes que emiten generalmente ingenieros y geólogos en el contexto de una consultoría sobre aspectos técnicos relevantes para un proyecto. Estos estudios intentan descubrir las condiciones mínimas y más eficientes para que el proyecto sea por un lado económicamente rentable,y por otro lado, funcional y también seguro. Conscientes de que el público, ni el autor tampoco, son “del palo” ingenieril, muy en criollo: Cuando hay que construir cualquier obra es necesario el dictamen de especialistas en todas las etapas del proyecto:
- Antes de la construcción:
- Estudios de prefactibilidad,
- Factibilidad
- Diseño básico
- Diseño ejecutivo
- Ingeniería de detalle
- Inspección de construcción y finalización.
- Una vez construido,
- Inspección durante su operación
- Mantenimiento
- Actualizaciones
- Controles de Seguridad
- Y finalmente su cierre o decomisionado.
Los informes técnicos fijan las características del proyecto. Sus resultados son de trascendencia, pudiendo aumentar sustancialmente el costo o la rentabilidad de una obra e incluso determinar que un proyecto no sea factible y pincharle el globo a una comunidad.
De este informe o “dictamen del ingeniero” deriva a su vez la confianza sobre el proyecto, confianza de que va a cumplir su propósito y objetivo productivo, va a durar lo que tiene que durar, y no se va a “derrumbar” atentando contra la vida, integridad física, calidad de vida de las personas o contaminar el ambiente. La adhesión a normas técnicas internacionales garantiza que estos informes construirán la seguridad requerida. Esa seguridad o confianza en el proyecto se proyecta sobre los diferentes actores: la empresa que construye el proyecto, la empresa que lo va a usufructuar, el estado que controla, los actores financieros, etc. Queda claro cómo estos informes juegan un rol crucial, son eje central en la construcción de valor y empezamos aquí a vislumbrar su potencial trascendencia e impacto en el cumplimiento normativo.
Más allá de la obra pública que incluye puentes, presas, túneles y caminos,estos informes son necesarios para proyectos de diversa índole. La construcción de una mina requiere gran infraestructura, incluyendo también presas para minerales o depósitos de materiales, muchas veces tóxicos y casi siempre peligrosos. Un oleoducto o líneas de transporte y transformación de energía, infraestructura de gran envergadura como un puerto o un pozo de petróleo off shore y especialmente centrales nucleares deben garantizar un diseño y seguridad muy alto. Por último, no debemos subestimar que cualquier edificio público, residencial o de oficinas requiere que se asegure su integridad. El centro de estos proyectos son dictámenes técnicos de ingenieros, generalmente de consultoras independientes, que detallan las condiciones que deberá cumplir la obra.
A grandes rasgos, los informes pueden clasificarse en:
- Estudios técnicos: Consiste en estudiar las condiciones del espacio donde se va a concretar la obras. Se deben contemplar las cualidades del terreno, las características hídricas, el clima y los eventos naturales que le puedan afectar. Una zona propensa a inundaciones es distinta de otra con posibilidad de aludes, nieve, volcanes o sismos.
- Diseños: Considerando las características del espacio donde se asentará la obra, su diseño debe responder a las mismas. Se determina aquí no solo la “forma” de la obra, sino también sus materiales y métodos constructivos.
- Inspección de la Obra: Se trata de controlar que la obra se esté realizando conforme al diseño, según lo planeado. Incluye controlar los procedimientos, los materiales, etc.
El entorno ofrece principalmente tres fuentes de riesgo:
- Terreno: Abarca desde un hundimiento del terreno, un desplazamiento o un alud, etc. Desencadenados frecuentemente por sismos.
- Hídrico o Hidrológico: Puede consistir en una inundación, una creciente u otros fenómenos como la erosión o lo contrario, caudales de material que se depositen.
- Volcánico: Muchas veces pasado por alto, también debe ser contemplado en nuestro país.
Otros riesgos pueden ser por ejemplo fuertes vientos, huracanes, tormentas eléctricas, etc. dependiendo del proyecto.
Frecuentemente ignoramos riesgos que nos amenazan y causas que les dan lugar. Solo por nombrar un ejemplo, es sabido del riesgo sísmico en Mendoza, San Juan y Chile por la cordillera. Sin embargo, en 1888 hubo un importante sismo en la ciudad de Buenos Aires con un tsunami, periódicamente se advierten pequeños movimientos y no se descarga un potencial riesgo sísmico en la metrópolis rioplatense,1 y son varias las ciudades que deben aumentar su vigilancia en la materia.2
Ajenos a esta realidad, cuesta imaginarnos la trascendencia de estos eventos. Una obra que se hunde o que se ve comprometida estructuralmente puede acarrear consecuencias muy severas. Desde luego, si una presa se rompe, el agua y el barro avanza sobre el cauce arrasando todo a su paso. Si un sismo daña un edificio sus residentes quedan sin viviendas, además de que la obra puede desplomarse comprometiendo sus vidas o las de los demás. Hay además una amplísima variedad de posibilidades que debemos contemplar. Una presa que deja de cumplir su función puede afectar el recurso hídrico de una población. Un depósito de fluidos tóxicos que se quiebra puede contaminar las napas de agua subterránea o el medio ambiente en general. Un depósito de residuos mineros puede desplomarse y causar un alud o alterar el cauce de un río.
Queda así claro hasta aquí la importancia de estos informes y podemos comenzar a vislumbrar desde el cumplimiento cómo diferentes intereses pueden comprometer estos informes.
La Perspectiva del Departamento de Cumplimiento
Una potencial irregularidad en estos informes técnicos de ingeniería parece una cuestión técnica, ajena al compliance. Hay sin embargo importantes puntos de contacto. Eventualmente pueden aflorar intereses en cualquiera de los diferentes actores por saltear estos informes o buscar atajos, es decir, que alguien se preste a firmar el informe sin que el mismo cumpla los requisitos técnicos necesarios o se ajuste a la realidad. La lógica que se sigue suele ser el “no va a pasar nada” y el “para qué complicarse la vida”. Está claro en qué podría terminar esto. Compliance debe intervenir para prevenir que estos otros intereses, normalmente económicos, pongan en peligro la integridad de la obra.
Debe quedar claro que el departamento de cumplimiento no está involucrado en aspectos técnicos. No interviene para asegurarse que el informe esté correcto o conforme a las normas. Su rol pasa más bien por estar atento a maniobras tendientes a que otros criterios se impongan por sobre la calidad técnica de la obra en detrimento de su seguridad.
Desde luego, no se espera que el departamento de cumplimiento sea además experto en ingeniería, pero debe conocer un mínimo sobre la actividad de su empresa. En razón del enfoque basado en riesgos (EBR/RBA), es importante que quienes se desempeñan en empresas donde están presentes estos informes conozcan:
- En qué consisten estos riesgos en su propia empresa.
- Qué estudios técnicos intervienen para prevenirlos y cuáles son sus principales objetivos, alcances y desafíos.
- Cómo se confeccionan, cómo se encargan, cómo se controlan.
- Cuáles son los pasos administrativos que se siguen en este proceso, tanto en su empresa, como en la consultora, el estado y demás actores
- Quiénes son las partes interesadas y el rol de cada una: estado, consultores, financistas, etc.
- Cuáles son los riesgos más habituales que comprometan la integridad del informe.
Son varias las medidas que puede tomar el departamento de cumplimiento. La primera de todas sería la conexión con las áreas técnicas de la compañía para abordar las preguntas anteriores. Construir aliados internamente es una herramienta útil y fundamental. El CCO requiere una contraparte a quien recurrir para intercambiar puntos de vista.
La primera herramienta a implementar consiste en construir puentes y entendimiento entre la dirección de la organización, los administrativos y responsables de las finanzas y legales por un lado, con los equipos técnicos internos y externos, propios y ajenos por otro lado, para que dejen de ser dos universos paralelos que rara vez se rozan. Los riesgos más importantes derivan en verdad de negligencias por desconocimiento y falta de conciencia, debido en gran medida a una falta de comunicación. Áreas de gestión toman muchos de estos informes como “requisitos administrativos que pide el estado para poder construir”, con una tendencia a menospreciar su papel.
Para CCO que quieran introducirse en tema, se recomienda una serie de documentos emitidos por el Banco Mundial que tiene un enfoque institucional del tema de seguridad.3 Del mismo modo se recomienda también este breve informe sobre riesgo geotécnico, también del banco mundial y orientado a público no técnico.4
Para comenzar a hilar el más fino, se puede decir que, a grandes rasgos, hay dos momentos en que el dictamen puede verse comprometido:
- En la presentación del informe ante la autoridad estatal competente para su aprobación.
- En la relación entre la empresa y el consultor o especialista que va a llevar a cabo el informe.
Primer Ámbito de Riesgo: Relación con el Estado
Este espacio de riesgo nos salta a la vista. Es sabido que los contactos con el Estado y especialmente en las circunstancias dadas deben encender las alertas en el departamento de cumplimiento. El involucramiento del funcionario público responsable de ir aprobando las diferentes etapas, con grandes sumas de dinero en juego, con la posibilidad de que “no se note” si se hace la vista gorda es un riesgo de manual. ¿Cómo puede ser que no lo tengamos más presente?
Automáticamente pensamos en corrupción y sobornos, pero este no es aquí el riesgo más común. Debemos permanecer abiertos a la infinidad de situaciones que pueden resultar en alineamientos de intereses contra intuitivos según el caso. Por ejemplo, en ocasiones sucede que el funcionario público no busca un beneficio económico, sino que necesita que la obra avance por motivos políticos. Para su rápido avance puede verse tentado a presionar por la aprobación de informes defectuosos o de avances de obra inadecuados. Es posible que el funcionario haga la vista gorda durante la construcción o que nombre equipos técnicos inadecuados o sin independencia que empujen intereses políticos.
El responsable de cumplimiento debe arrancar el análisis de riesgo sin prejuicios, tratando de detectar los intereses y la situación de cada uno de los actores en juego en el caso concreto. Nunca se sabe quién, si la empresa, los socios, el consultor, el administrativo, el funcionario o quién estará más comprometido por hacer las cosas bien y quién estará en busca del atajo. Cualquier alternativa es posible. Las organizaciones son complejas y dentro de ellas puede haber sujetos con intereses en uno y otro sentido en ambos ámbitos. Una vez más, el secreto es estar abierto y atento para entender los riesgos y los intereses en juego y desde allí detectar dónde radica verdaderamente el riesgo.
Segundo Ámbito de Riesgo: Relación con el Especialista
El segundo ámbito de riesgo es el más atractivo por lo novedoso, y por tanto puede pasar fácilmente desapercibido para el especialista de cumplimiento. El consultor especialista es para la empresa una tercera parte con quien se contrata y para el departamento de compliance, si prestó su servicio y no cobró una suma irrisoria, no habría mucho más que indagar. Esto es incorrecto.
Como especialistas en cumplimiento pensamos inmediatamente en el riesgo de corrupción y tratamos de prevenir el soborno al consultor para que emita un dictamen contrario a lo que corresponde. En la práctica esto es muy raro y aunque no hay que descartar este riesgo, debemos atender a otros modos que tiene la empresa para obtener el mismo resultado sin recurrir a esta acción delictual.
El incentivo por obtener un dictamen subestándar está en la dinámica misma del mercado, donde las empresas tratan de buscar el mejor precio y los profesionales compiten entre sí ofreciendo sus servicios también por el menor precio posible. En esta competencia está la tentación de muchos especialistas y consultoras a comprometerse a hacer lo que no son capaces de hacer a un precio demasiado bajo, y una tentación del lado de la empresa a aceptar este servicio. Una vez que la compañía eligió un consultor “competitivo” que se ajusta a sus necesidades, tiene la posibilidad de guiarlo o incluso presionarlo en el sentido de sus expectativas.
Esta misma dinámica de mercado puede llevar a la consultora a buscar atajos y cortar costos donde no debe, por ejemplo, no empleando la maquinaria que requiere o evitando los estudios de laboratorio necesarios con el propósito de ahorrar costos y mantener un precio competitivo. Estos ahorros repercutirán directamente en la calidad del informe, el cual muchas veces se basa directamente en estos estudios.
Para salvar su responsabilidad a veces consignan en el propio informe las “limitaciones” del estudio o del informe, es decir, limitan la seguridad del informe. Luego si el estado no lo observa y pasa, la obra puede construirse en base a un informe de escasa seguridad, digamos dudoso, con los riesgos que esto implica. Vemos acá una medida concreta que podría implementar el departamento de cumplimiento, asegurándose que las oficinas pertinentes controlen debidamente estos informes e incluso dando ellos mismos un vistazo a esta sección de los informes en los casos más relevantes.
Un riesgo muy importante que puede pasar desapercibido es la inercia que puede tener el especialista por complacer a quien le requiere el informe. El experto puede creer que si su informe es demasiado exigente o negativo y no expresa lo que el cliente espera, no consiga continuar su relación profesional o se le dificulte conseguir nuevos clientes. En razón de esto puede verse tentado a ir tanteando qué espera la empresa de su dictamen y ajustarlo a estas expectativas.
Para prevenir este riesgo es importante en primer lugar abstenerse de ejercer cualquier presión sobre el especialista que pueda empujarlo a dictaminar en una u otra dirección. Presiones sutiles, como darle a entender que de su reporte depende el desarrollo de una comunidad, el futuro de la compañía o su propio futuro profesional pueden inclinar la balanza en el sentido equivocado. Lo mismo puede suceder si se le indica que un dictamen anterior ya fue en una dirección o que se lo contrata porque el dictamen anterior no fue en el sentido esperado. Dejarle absolutamente claro al especialista que la prioridad es la calidad técnica del trabajo, independientemente de su resultado, debe ser parte de la cultura organizacional.
Una irregularidad muy común es la contratación de un consultor desprovisto de capacidades técnicas. En estos casos, el dictamen incorrecto será muchas veces en contra de la empresa. Carente de certezas respecto de su dictamen y ante el temor de “quedarse corto” en las precauciones que debe tomar, pude que acabe sobredimensionando la obra para “cubrirse”. Si con 8mm está en duda y con 10mm también, mandará a construir con hierro de 16mm para estar seguro. Lo que se ahorró en consultoría lo terminará pagando con creces en materiales y trabajo.
Esto que en principio sería un mecanismo de precaución, donde más vale prevenir que curar, puede configurar una forma de corrupción si el Estado asume los gastos de la obra de un modo variable conforme a su envergadura. El sobredimensionado de la obra mediante la introducción de medidas de seguridad excesivas es aquí un mecanismo para ensanchar las ganancias de la empresa defraudando al Estado.
En cualquiera de estos casos, la herramienta de mitigación más importante es el prestigio y solvencia del profesional que se contrata, lo cual se trata en el siguiente título.
El Consultor: Selección y Relación con la Empresa.
Una óptica jurídica de la realidad, la cual no es raro que prime en la administración de muchas empresas, nos lleva a asimilar capacidad con acreditación. Si tiene título habilitante, entonces podrá firmar el informe. Si el informe está firmado es válido y si la municipalidad o el ministro lo aceptan, quién soy yo para rechazarlo. Pues evidentemente esto no basta.
Cuando se selecciona un proveedor de servicios profesionales no podemos seguir el mismo criterio que con el proveedor de nafta. Cada especialista es diferente y debemos considerar muchos aspectos cualitativos individuales, incluyendo aspectos subjetivos como el prestigio. Esto se presta muchas veces a irregularidades y por eso la participación del especialista de cumplimiento es doblemente importante.
En la selección del consultor se puede poner el énfasis en diferentes aspectos. Algunos subrayan los méritos académicos del consultor, que haya estudiado en tal o cual universidad o alcanzado un determinado grado académico. Más importante es en cambio contar con vasta experiencia en proyectos similares de alta exigencia, que acrediten su solvencia técnica.
Estos criterios no son los mismos que emplea la empresa para seleccionar los expertos in-house, responsables de revisar estos dictámenes para la empresa. Ellos deben contar con conocimientos más amplios, menos específicos, que les permitan evaluar dictámenes de diversa naturaleza y diferentes proyectos. Un activo fundamental es contar con la confianza de la alta dirección, que deposita en su criterio millones de dólares en inversión. Los ingenieros in-house desempeñan además un rol central en la selección del consultor para cada proyecto, que generalmente es externo, basándose en criterios tanto profesionales como de reputación y confianza. Actúan como nexo entre un profesional de renombre para el proyecto y la alta dirección. Por tanto, un equipo de ingenieros in-house que pone poca atención en la calidad técnica de la obra y pondera otros valores puede repercutir negativamente en todo el proceso de construcción de seguridad y por tanto en el compliance. Es el equivalente a un gerente de ventas sin escrúpulos, dispuesto a todo por aumentar las ventas. Es un riesgo conocido y que se sabe en qué termina.
Una primera dificultad es que el buen profesional es muchas veces el caro. Cuando se trata de un proyecto de envergadura, contratar buenos profesionales parece una cuestión lógica, mas cuando se trata de proyectos de menor valor, como una escuela, el costo del profesional puede representar una porción importante del total de la obra y la tentación de recortar costos por allí puede ser grande. Una solución en estos casos es plantear los proyectos en bloque para amortizar el costo profesional, pero esto no es siempre posible. No debemos pasar por alto en estos casos, independientemente del costo del proyecto, que están en juego valores como la integridad física de las personas. Lo barato puede costar caro.
Otra dificultad relacionada con la anterior es que esta clase de expertos no sobran en ningún lado y por lo tanto están la mayoría de las veces tapados de trabajo. Más allá del costo económico, esto puede repercutir en los plazos. Mayor cuidado en el proceso de selección puede significar costos por otro lado, como un atraso para comenzar la explotación del proyecto en cuestión. Cada mes que se atrasa un edificio es un mes de alquiler perdido, impuestos pagados, tasas de financiación, etc. Los puntos de contacto con el cumplimiento normativo son una vez más evidentes. Hay un claro incentivo para que el dictamen se emita lo antes posible, a cualquier costo, muchas veces en detrimento de su calidad. Puede darse que el ingeniero requiera más tiempo o más estudios y se lo presione, amenace o intente sobornar para que entregue el informe de cualquier manera. La intervención del personal de cumplimiento resulta imperiosa. En todos los casos, la primacía de los valores adecuados será fundamental. Un tonefromthe top que los transmita, así como una estructura de incentivos saludable, son dos ejemplos de medidas esenciales para mitigar los riesgos.
El Ala Financiera del Proyecto:Bancos, Aseguradoras y Órganos de Crédito e Inversores
Hasta aquí ha quedado claro el panorama general de riesgos con la participación de tres actores: el desarrollador junto a la empresa constructora, consultor y estado. A partir de aquí comenzaremos a invitar nuevos actores que comparten un interés por la calidad y la integridad en los informes técnicos.
La primera incorporación son los actores financieros, quienes inyectan el recurso económico, lo aseguran, reaseguran o invierten en él de alguna manera. No es raro que la pata financiera del proyecto involucre a sus propios consultores para el proyecto, con la misión de garantizar la aptitud técnica del mismo. Este planteo que a muchos les resultará esotérico, no lo es tanto. Quien pone el recurso financiero acaba como una suerte de socio en el emprendimiento y está directamente interesado en que el mismo prospere. Esta deuda podría incluso instrumentarse en productos financieros específicos, donde la seguridad sobre el proyecto contribuye a su valor.
En grandes proyectos que requieren la unión de holdings en UTEs o joint ventures y que involucran constructoras, consultoras, bancos, actores públicos provinciales, nacionales e internacionales y grandes empresas se observa una superposición de interesados en la seguridad de los análisis técnicos. Aparece aquí otra figura que es la de los equipos consultivos, un panel de expertos dedicados a controlar los informes que se presentan. La presencia de un panel disminuye radicalmente la posibilidad de problemas técnicos:
- Por tratarse de profesionales con un prestigio que no querrán dilapidar.
- Por el solo hecho de incorporar un nuevo actor disminuye la posibilidad de errores o corrupción.
- En proyectos de alta complejidad, hasta los mejores consultores pueden verse beneficiados de ayuda externa.
Por el contrario, puede suceder que el banco involucrado tenga una pobre reputación o que demuestre un escaso compromiso con el aspecto técnico. Tanto en el caso de los bancos públicos como los Bancos Multilaterales de Desarrollo se corre el riesgo de que estén dirigidos desde la política con intereses extraeconómicos, y si este es el caso, y tanto el órgano de contralor como el banco demuestran escaso interés por la seguridad del proyecto, el oficial de cumplimiento se habrá perdido de un aliado esencial, un tercero imparcial con un interés por la seguridad de la presa. Esto suma un factor de riesgo que debe advertir y mitigar.
Cuando se trata de una inversión inmobiliaria, el banco juega un rol clave. Este presta dinero en primer lugar a quien construye el emprendimiento y en segundo lugar a quien adquiere una unidad. En este proceso, es fundamental que el banco se asegure que el edificio, el cual en última instancia es su garantía, no tenga problemas técnicos. Por poner un ejemplo sencillo, si el edificio se daña seriamente durante la construcción o incluso una vez terminado el banco se verá en un brete. Depositar toda la confianza en el control que lleva a cabo el Estado es desde luego insuficiente. Con contadas excepciones, la administración pública se encuentra sobrepasada por la carga de trabajo y muchas veces no puede controlar todo. En un contexto de resurgimiento del préstamo hipotecario y ante una perspectiva de fuerte crecimiento del sector de la construcción en la Argentina, pero posiblemente también en muchos otros mercados, incluso de países desarrollados donde se advierte un acuciante déficit habitacional, es el momento oportuno para despertar el interés del sector financiero en estos informes.
Empresas Stakeholders
El interés por los informes técnicos no se agota en la minería o en la generación de electricidad. Muchas otras empresas estarán directa o indirectamente asociadas a estos proyectos y correrán su suerte. Un ejemplo es la fabricación de caños para un oleoducto, que si los mismos sufren un incidente se verá afectada la construcción de futuros proyectos y la demanda de su producto. Del mismo modo, las aerolíneas estarán interesadas en que los aeropuertos estén bien diseñados y las pistas bien construidas y mantenidas. Las empresas elevadoras de granos dependen de que el puerto esté en condiciones y si el mismo se daña severamente no podrán operar. Estos son solo un par de ejemplos del inmenso universo de empresas que detentan un interés en la seguridad de los proyectos. No hace falta indicar los interesados en la calidad de la red vial, por ejemplo.
Aunque estas empresas no estén directamente involucradas en la confección de informes. no pueden mirar a un lado mientras el riesgo les pasa por el costado. Muchas de ellas tendrán la posibilidad de opinar sobre los proyectos y velar por su seguridad, pero en la mayoría de los casos los intereses se diluyen entre muchos actores intervinientes, como en el caso de la aerolínea, donde no puede venir cada una a estudiar las obras de cada aeropuerto donde opera. Si consideramos en cambio todas las aerolíneas que participan en un aeropuerto y en el mercado aerocomercial de un país, no parece descabellado que como cámara empresaria contraten una consultora para aquella etapa del proyecto que resulte más crítica, por ejemplo, para inspeccionar la construcción. Lo mismo podría hacer la industria pesquera o del turismo respecto de la seguridad de los ductos que transportan hidrocarburos. Lo mismo podría hacer una empresa que fabrica baterías respecto de la seguridad de las minas de litio de su jurisdicción, que de sufrir un accidente podrían cerrarse y perder el proveedor.
Volvemos aquí una vez más a la figura del panel de expertos donde estas empresas stakeholders pueden encontrar el mecanismo adecuado para participar. En colaboración con otros actores como el financista, el holding de constructoras, el usufructuario y el estado se pueden repartir costos, lo que permitiría la contratación de los mejores especialistas.
Se observa así una fuerte expansión del universo de actores que tienen un interés por la seguridad de estas obras, por la calidad de los informes técnicos y por intervenir en la construcción y operación de la infraestructura. Esto atañe por tanto a una gran cantidad de departamentos de cumplimiento que deben comenzar a poner el ojo en este aspecto porque conflictos éticos en esta área puede repercutir en la actividad hacia el futuro. Como vemos, desempeñan un rol central las acciones colectivas entre los actores de un sector, incluyendo también capacitaciones de la mano de consultores para poner el asunto en primer plano.
El rol del Estado y Public Compliance
Desde la perspectiva del sector público el tema también es muy rico. El actor estatal debe también organizarse de manera apropiada para procesar estos informes. Tiene la responsabilidad de comprenderlos y no solamente “revisarlos” sino además, dentro de sus limitaciones, “casi que corregirlos” en aquellos aspectos que afecten el interés público. A su vez, es deber del estado inspeccionar la construcción y operación para garantizar que se está procediendo debidamente. Desde el ministerio no pueden darse el lujo de que haya errores importantes que pongan en peligro a la ciudadanía en el mediano plazo.
Para esta tarea el estado debe contar con un plantel de profesionales a la altura de las circunstancias. Sin embargo, hay también aquí limitaciones. Muchos temas serán tan únicos y específicos que no se justifica incorporar un especialista para un proyecto que se hará una única vez. Deberá el Estado entonces recurrir a consultores externos. Prima aquí muchas veces un localismo acérrimo, priorizándose muchas veces al “profesional local”, quizás por orgullo, quizás por interés económico, cuando muchas veces la plaza local carece del expertise necesario y podría nutrirse del influjo exterior. Lamentablemente también está difundido un criterio de selección harto conocido que atenta contra la seguridad de estos proyectos: el nepotismo y el amiguismo no van de la mano de la seguridad de la infraestructura y de la población. Un equipo de consultores inadecuado puede ser muy perjudicial, entorpeciendo el desarrollo provincial o creando peligros ocultos por falta de control.
Desde el punto de vista del cumplimiento, aquí también hay una ocasión propicia para prevenir irregularidades. Este es un terreno fértil para el public compliance, que es la aplicación de metodologías del cumplimiento normativo en el sector público. Sobre este tema destacamos dos excelentes artículos de este newsletter5 que están completamente vigentes. Destacamos la versatilidad que confiere la constitución de una oficina independiente que tiene como prioridad detectar estas debilidades institucionales y tratar de subsanarlas impulsando el cumplimiento legal.
Defensa Civil: Casos
Hasta aquí el problema ha sido presentado solo en abstracto, pero la perspectiva del asunto cambia ni bien tomamos contacto directo con las posibles consecuencias de una falla en una obra de infraestructura de magnitud. Una búsqueda en YouTube basta para apreciar las consecuencias de estos eventos.
Un caso regional de especial relevancia por sus características es el de la presa minera de Brumadinho en Brasil, donde en enero de 2019 una represa minera cedió y se llevó consigo 270 vidas.6 Algunos estudios señalan que los indicadores no arrojaron indicios previos de la catástrofe,7 pero este dato es opuesto a lo que afirman otros especialistas. Por otro lado, las causas técnicas de la falla son claras,8 pero lo que nos convoca son las irregularidades institucionales durante los estudios de la obra lo que nos lleva a preguntarnos si podría haberse evitado.
Lo que hasta aquí a primera vista parece simplemente una “catástrofe natural” o en el peor de los casos un “error de cálculo”, se revela claramente como consecuencia de la corrupción empresaria cuando se penetra en el caso y se lo analiza en mayor profundidad. La consultora que certificó la presa admite haber sido objeto de importantes presiones de parte de la empresa minera.9 Cuando la empresa recibió una denuncia anónima, la alta dirección emprendió una infructuosa cacería de brujas para aplicar represalias. Por último, a la vez que hacía gala sobre el equipamiento de seguridad, la empresa estaba ahorrando en instrumental de medición esencial para detectar problemas. Por estas irregularidades, la minera debió pagar una multa a la SEC de 55,9 Mill. U$S.10
Este no es el único caso en Brasil, un país que por sus similitudes regionales debemos observar de cerca. Poco antes de este caso en 2015, colapsó la presa minera Fundão en Mariana, dando lugar a una catástrofe ambiental, muertos y daños materiales de enorme magnitud. Una vez más, los fiscales señalan una posible negligencia en el caso debido a una mala utilización de la presa.11 Otras posibles causas son debilidades en los materiales utilizados para la fundación, donde no se hubieran seguido los métodos constructivos o materiales adecuados.12 Una vez más estamos frente a un problema de cumplimiento normativo y observancia de los reglamentos, no un problema estrictamente técnico. Son acontecimientos prevenibles con los controles adecuados.
De especial relevancia para este artículo resulta un detalle del caso, que la consultora francesa TRACTEBEL se había negado previamente a certificar la seguridad de la presa.13 Lejos de emprender las mejoras requeridas para obtener una certificación, la empresa minera optó por cambiar de consultora y presionarla porque tenía conflictos de interés con esta última. Hay además una investigación en curso contra el CCO de la consultora.
En 2023, dos presas colapsaron en Derna, Libia. Se estima que al menos el 10% de la población se habría ahogado. Algunos atribuirán el caso a intensas lluvias, pero se trata de accidentes prevenibles si las obras son manejadas con el debido cuidado. Desde 1998 se venían detectando grietas en las obras, que se concretaron en los 70, y un paper en 2022 alertaba los riesgos de la obra.14 La negligencia y falta de mantenimiento dieron lugar a la catástrofe. En la medida que el calentamiento climático avance y si los pronósticos de fenómenos climáticos más extremos se hacen realidad, este tipo de catástrofes se pueden multiplicar si no se toman cartas en el asunto. Es un caso que nos recuerda los cuidados no acaban con la inauguración de la obra.
Esto pone el foco sobre proyectos que se construyeron con mejor o peor calidad y demandan atención, como sucedió en Sanford Michigan pocos años atrás y nos lleva a preguntarnos sobre el estado de nuestra infraestructura en cada uno de los países latinoamericanos.15
Países centrales y desarrollados, con vasta experiencia en la construcción de infraestructura minera y con los máximos estándares técnicos y de controles tampoco están exentos de problemas. Tan solo 10 años atrás colapsó una presa de una mina de cobre descargando metales tóxicos en lagos que son conocidos por su salmón en Canadá.16 La presa colapsó por ignorar aspectos geológicos subglaciares y preglaciares presentes en el perímetro de la obra.17 Se sospecha que este error se puede haber debido a negligencias de la consultora.18
Actualmente, una represa en Australia deberá ser reconstruida apenas 20 años luego de su inauguración porque la tecnología de construcción empleada no ha cumplido con las expectativas ni ha resistido al paso del tiempo.19 La tecnología aplicada en este caso era atractiva por su bajo costo y velocidad para la construcción,20 pero a fin de cuentas lo barato salió caro. Estudios indicarían que los problemas eran predecibles y que los problemas se deben a errores de diseño.21 Una segunda capa de complejidad se suma al considerar que aparentemente tanto el administrador de la represa como importantes funcionarios habrían estado al tanto durante años de los errores de diseño presentes en la represa.22 La solución no es “hacer todo de fierro para que no se rompa”, sino mayor cuidado en los equipos técnicos y dictámenes para evitar estos errores.
Recurrir a las fallas en represas es quizás el recurso más sencillo, porque refleja más claramente los errores y sus consecuencias. Casos en otros rubros hay más de uno, como las graves fallas de diseño de Fukushima que llevaron a la catástrofe de un accidente que se hubiese podido prevenir.23 Hay también casos más raros que no se pueden soslayar. Para quienes se pregunten dónde está el riesgo en el cierre de una obra, en la ciudad de Juarez, México, se construyeron 17.000 casas con varillas radioactivas en el 86. El caso tuvo su origen en desmantelamiento de una clínica contra el cáncer, donde en lugar de desechar adecuadamente una cápsula radioactiva de cobalto perteneciente a los equipos de la clínica, esta acabó en un depósito de chatarra. Allí contamino material de construcción, que fue luego empleado en construcciones de otros 16 estados. En aquel momento no había una regulación apropiada para gestionar estos residuos.24
Vemos hasta aquí, cómo todas las etapas son importantes y asegurar la intervención de equipos técnicos competentes, comprometidos e independientes es vital para prevenir estos casos. En juego está la integridad física de la población, el medio ambiente, el patrimonio de la organización y sus accionistas y los intereses de todos los stakeholders que se benefician de la actividad.
Un Riesgo Federal y la Coyuntura Argentina
Cuando nos alejamos de Buenos Aires y la zona núcleo agropecuaria del país, otras industrias cobran un peso relativo más importante dentro del sector privado. Destacan aquí la industria petrolera, minera y de la construcción, incluyendo la obra pública. Se trata en gran medida de actividades que apoyan su seguridad en informes técnicos de ingeniería, lo que vuelve a este riesgo más federal que otros. Esto se acentúa aún más al observar que el organismo de contralor está bajo la órbita provincial, además de que los recursos naturales son de las Provincias.
El tema debe abordarse además desde el prisma de la coyuntura actual. En la Argentina cobra además una doble relevancia con la aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).25 Se está generando un consenso de que es necesaria inversión en industrias extractivas como la minera y la energética para el desarrollo económico del país.26 No solo los países en vías de desarrollo tienen este desafío, ya que jurisdicciones que eran modelos en infraestructura se encuentran hoy ante el desafío de renovarla. Destaca por ejemplo el caso de Estados Unidos, luego del colapso del puente de Baltimore27 o los cuellos de botella en el puerto de Los Angeles,28 o el caso de Alemania.29 También la necesaria transición energética a fuentes más verdes de energía depende de informes técnicos que den cauce a los proyectos.
Este formato de desarrollo en torno a industrias extractivas puede ser un arma de doble filo. En un sentido, la incorporación de actores privados y la desregulación agrega dinamismo al proceso productivo, levantando trabas que impiden el progreso e incorporan actores para aportar soluciones y disminuir costos. Exceso de regulaciones es un factor que frena el progreso más allá de Latinoamérica, muy presente en países desarrollados. Por ejemplo, en el Mar del Norte las energías renovables deben esperar una década solo para obtener un permiso.30 Por otro lado, esta estrategia puede fácilmente derivar en falta de controles y descuidos que repercutan en una precaria seguridad de las obras. En verdad, el exceso de regulación sofoca la capacidad del estado para enfocarse en lo importante. La desregulación debe liberar los requisitos burocráticos superficiales, devolverle el oxígeno al aparato estatal, pero reforzarse en los espacios nucleares de fondo para garantizar servicios y valores básicos como la seguridad de la población.
Desatender los controles cobra así una nueva dimensión, además del peligro para la población y el medio ambiente. Desatender los controles puede acelerar un proyecto y traer beneficios en el corto plazo, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque de suceder un accidente, la actividad de la que depende una comunidad o quizás toda una provincia se ve afectada. De esto trata el siguiente título.
Dilapidando la Confianza y la Tragedia de los Comunes
Está claro que, en todos estos casos, el foco debe ponerse en la integridad de la población y en la sostenibilidad de estas comunidades ante riesgos de la envergadura que aquí se presenta. Esto no impide aplicar además una perspectiva económica sobre los mismos para involucrar el interés de actores corporativos interesados por construir assurance en torno a estos proyectos y las actividades involucradas. Hay en primer lugar un aspecto obvio, de que los daños derivados de esta clase de errores pueden llevarse por delante a la empresa, sus empleados y posiblemente también a los stakeholders. Hay además un ámbito de interés menos obvio. Tanto en el caso de la minería, como del petróleo, la energía nuclear o el shale gas (Vaca Muerta), un incidente podría despertar el rechazo de la opinión pública por la actividad y que la misma pierda el apoyo y la financiación.31 Esto afectaría el desarrollo económico, toda la cadena de valor relacionada y otros aspectos como la seguridad energética del país.
Este activo de confianza es propenso a sufrir la tragedia de los comunes, donde si algo es de todos significa que no es de nadie y está expuesto a ser depredado a expensa del conjunto. En simples palabras, nadie es dueño de esta “confianza” y cualquier empresa puede dilapidarla construyendo proyectos inseguros, enriquecerse, y que cuando haya un incidente se les arruine el negocio a todos. Para prevenir su dilapidación, los CCO disponen de una herramienta conocida de la lucha anticorrupción: las acciones colectivas. Promover individualmente la protección del activo confianza es pelear con molinos de viento. En cambio, pueden emprender esta tarea de manera conjunta con otros actores corporativos. Las cámaras empresarias pueden ser un aliado clave para ello.
Imaginemos un escenario hipotético de que se descubre petróleo off shore cerca de Mar del Plata. Suponiendo que se inicia su explotación, un derrame de petróleo podría afectar la actividad turística y pesquera de la ciudad y la región. Esto sería una catástrofe no solo ambiental y humanitaria, sino también económica para sendas actividades. Después de los hechos, el riesgo es obvio; pero antes de los hechos cuando había que poner la atención en los informes, el recurso humano y los controles tendientes a mitigar los riesgos, las prioridades suelen estar en otro lado. Es urgente revertir esto.
Impacto Ambiental
Es imposible ignorar el impacto ambiental del tema. Industrias extractivas como oil& gas y minería reciben habitualmente un abordaje que promueve su desinversión,32 tomadas muchas veces como “industrias pecaminosas”.33 La realidad es que el mundo depende y seguirá dependiendo, al menos por varios años más, de estas actividades, inclusive para el desarrollo de las industrias más modernas y que buscan superar los desafíos del cambio climático, como las nuevas tecnologías y las energías verdes.34 Por el contrario, la desinversión en estas industrias, lejos de coartar su crecimiento (la demanda sigue allí) las deja en manos de fondos privados con pobre gobierno societario y escasos controles.35 Empresas serias, de calidad, con buen personal, gobierno corporativo desarrollado y trayectoria se ven presionadas por grupos de inversores a apartarse de la actividad y deshacerse de estos proyectos, mal vendiéndolos a empresas menos confiables y comprometidas. Este contexto retira la estructura institucional que garantiza una explotación sustentable y segura, en detrimento de sus inversores y poniendo en peligro los intereses de los stakeholders.
Por el contrario, la respuesta no es la desinversión, sino un control más consistente y mayor inversión que permitan el desarrollo de las medidas de seguridad necesarias, sin perjuicio de una transición a economías más sustentables. La explotación en un contexto de seguridad es la primera condición para un desarrollo sustentable y verde. No debemos por lo tanto permitir que los esfuerzos por reducir las emisiones de dióxido de carbono dejen en un segundo plano los riesgos de contaminación directos e inmediatos tradicionalmente ligados a estas industrias. Defectos en estos proyectos pueden derivar en derrames de petróleo, inundaciones, aludes y otras catástrofes naturales con un altísimo impacto ambiental.36 Queda así en evidencia la relevancia de los informes técnicos para la preservación del medio ambiente.
En última instancia, el tema de la seguridad de los informes técnicos no deja de estar relacionado también con las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, fueron errores en el diseño de la planta nuclear de Fukushima lo que llevó a que se inundaran los salones de refrigeración y se fundiera el reactor, lo que reavivó el miedo a la energía nuclear y llevó a Alemania a cerrar plantas de energía nuclear que producían energía verde.37 La respuesta apropiada al caso hubiera sido revisar los informes técnicos y tomar medidas de refuerzo donde se estime pertinente, que fue la respuesta a la inundación a la planta Francesa de Blayais en 1999.
Fuentes: Estándares, Buenas Prácticas y Similitud con Compliance
Una pequeña mención merecen las fuentes de las que se valen los especialistas para la emisión de los dictámenes. En la emisión de informes técnicos confluyen normas técnicas de carácter obligatorio y normas facultativas. Estas revelan un parecido llamativo con nuestro rubro, el del cumplimiento normativo. Contrario a la creencia general, los informes técnicos no siguen siempre normas matemáticas fijas, sino que muchas veces se construyen en base a múltiples recomendaciones y conforme a la experiencia de casos similares. Recuerda al cumplimiento normativo, que tiene aspectos que se moldean en torno a normas jurídicas y aspectos que se construyen siguiendo “guidelines” y “buenas prácticas”. Desde luego que no es el rol de cumplimiento conocer estas normas o controlar estos informes, pero es diferente la mirada que se tiene del tema cuando se tiene alguna idea del criterio y el marco de referencia.
Cuando se trata de pequeñas obras es posible una visión más segura y estandarizada, las normas que deben seguir los especialistas están bastante claras y hay poco espacio para opinar. En este rubro las normas ofrecen en la mayoría de los casos respuestas y soluciones claras. Por ejemplo, las normas IRAM e INPRES – CIRSOC son obligatorias en Argentina y las normas ASTM38 y DIN39 son facultativas.
Sin embargo, cuando se trata de temas más complejos, las normas técnicas establecen criterios y recomendaciones generales, asemejándose más a una guideline. No es lo mismo dictaminar sobre un edificio de ocho pisos, que sobre la integridad estructural de una presa de grandes dimensiones durante un terremoto. Rara vez se ven dos proyectos iguales: cada puente, cada mina y cada presa es generalmente única y demanda soluciones que se adapten a su caso particular.40
Aquí se siguen por ejemplo las normas CIGB/ICOLD41, que lidera la normativa en diseño, construcción y operación de presas, donde son referentes en todo el mundo, o las normas CDA/ACB para presas mineras. Para la construcción y operación de presas, el Bureau ofReclamation también emite normas.42 A nivel local, la filial Argentina de ICOLD está en el Comité Argentino de Presa CAP, que representa a los profesionales en el área y difunde información en esta dirección.43 El Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles CIRSOC,44 dependiente del INTI, genera reglamentos de seguridad para edificios, adoptando por la generalidad de las provincias. Un organismo que emite documentos para la prevención de catástrofes es la Federal Emergency Management Agency FEMA.45
Otro aspecto donde el CCO puede prestar atención está en los antecedentes de los diferentes actores en su adhesión a estas normas y en sus antecedentes. Hay consultores, constructoras y empresas que hacen gala de su respeto a estas normas. El análisis reputacional no es extraño en materia anticorrupción y compliance, donde se usa especialmente para la evaluación de riesgo y selección de terceras partes. El mismo criterio se puede aplicar en lo que hace a su reputación de adhesión a normas técnicas. Hay empresas y constructoras que hacen gala de su reputación y trayectoria, mientras que discretamente otras se posicionan como más “flexibles” ante estos parámetros. El departamento de cumplimiento debe saber con quién trabaja y mitigar los riesgos de manera acorde, por ejemplo, cuando se promueven empresas provenientes de jurisdicciones poco comprometidas con estos estándares y sin una reputación por su compromiso en esta dirección, empresas rechazadas en otras jurisdicciones o sin antecedentes en jurisdicciones rigurosas, etc.
Revisión Judicial
A fin de cuentas, los informes técnicos son documentos que en caso de conflicto pueden acabar en sede judicial, sujetos a una revisión que determine su viabilidad. En este proceso, los aspectos institucionales sobre los que debería intervenir el departamento de cumplimiento, como la selección de los profesionales que dictaminaron, su capacidad e independencia, son tan relevantes como los estrictamente técnicos.
En este sentido hubo en Mendoza un caso muy resonante en lo que atañe a la presa Potrerillos, una de las obras de infraestructuras más importantes del país de los últimos 30 años. Este caso viene a colación por ser un excelente ejemplo de cómo puede discurrir un conflicto público-privado y el sano rol que juega una justicia independiente a la hora de zanjar la disputa.
Sobre la finalización de la obra civil de Potrerillos, se montaron dudas en torno a su seguridad, en caso de un terremoto extremo por la ausencia de un “terraplén” y un “drenaje” que contribuirían a su seguridad. Todos los estudios desde la licitación hasta el diseño ejecutivo arrojaban con nitidez que la presa era segura antes, durante y después de un terremoto. Sin embargo, el Gobierno de la Provincia de Mendoza le ordenó su construcción a la constructora responsable del proyecto CEMPPSA. Una vez construido el terraplén las empresas sometieron este aspecto técnico a revisión en sede judicial.46 Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló que no era necesaria ni indispensable la construcción del mentado terraplén, en razón de peritajes que confirmaron los estudios originales, con una indemnización que la Provincia debió pagarle al particular.47
El caso Potrerillos es en este sentido una demostración del resultado de hacer las cosas bien.48 Esto es, elegir equipos profesionales sólidos que hagan su trabajo debidamente, representando los intereses de la empresa sin apartarse de las normas técnicas y de un modo íntegro, y capaces de justificar sus decisiones aún en sede judicial.
El caso habla además de la importancia de contar con jueces imparciales. Son la garantía de que, en última instancia, habrá alguien velando de manera objetiva por los intereses privados y ciudadanos, de la propiedad privada y seguridad de la población. A su vez, demuestra también la importancia de un aparato administrativo diligente, atento a la seguridad de la población, con aspectos para mejorar en lo técnico y en el orden administrativo.
Conclusión
Queda aquí presentado un riesgo desatendido, casi completamente ignorado, donde los responsables del cumplimiento normativo no pueden quedar a un lado. La infraestructura está en el corazón de muchas actividades y de su seguridad depende la integridad del negocio, de la comunidad y del ambiente por igual. Los informes de ingeniería son el medio para resguardar la seguridad y el responsable de compliance desempeña aquí un rol central en proteger la integridad de estos reportes desde un punto de vista institucional, cuidando los incentivos y que la seguridad de la obra se mantenga al centro como primera prioridad. Esto atañe a casi todos los rubros y a todos los actores y tanto en el sector público como el privado deben tomar cartas en el asunto reforzando las medidas que garanticen que la seguridad sea una prioridad en estos informes.
Disclaimer
El autor es hijo del Ingeniero Arnaldo Mario Barchiesi, consultor en obras de infraestructura. El mismo aportó datos para la presente publicación y conformó los equipos técnicos de la presa Potrerillos.49
Los puntos de vista, las opiniones y las posiciones expresadas en todas las publicaciones pertenecen únicamente a los autores y no representan las de la Universidad Austral, el IAE Business School o las empresas o instituciones que las apoyan. No se garantiza la exactitud, integridad y validez de las expresiones hechas en este artículo. No aceptamos ninguna responsabilidad por errores, omisiones o representaciones. Los derechos de autor de este contenido pertenecen a los autores y cualquier responsabilidad con respecto a la infracción de los derechos de propiedad intelectual recae en ellos. En ningún caso podrá ni deberá considerarse la información, análisis y opiniones brindadas en todo o en parte de este artículo como asesoramiento, recomendaciones u opiniones profesionales o legales. El lector que necesite tomar decisiones sobre los temas aquí tratados deberá asesorarse específicamente con profesionales capacitados que evalúen las características, normas legales y conceptos aplicables a su caso específico.
Referencias
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5 https://www.gobernabilidadytransparencia.com/2018/10/08/existe-el-public-compliance-sirve-para-algo/; https://www.gobernabilidadytransparencia.com/2018/10/22/public-compliance-segunda-parte-algunas-particularidades/.
6 https://www.linkedin.com/posts/gianfranco-barchiesi_compliance-esg-activity-7061308778557624321-n20b.
7 Robertson et al.,Report of the Expert Panel on the TechnicalCauses of the Failure of Feijão Dam I, 12/12/2019, p. I; Cfr. https://www.wsj.com/articles/behind-vales-deadly-dam-collapse-multiple-warnings-that-went-unheeded-11551050768.
8 Robertson et al.,Report of the Expert Panel on the TechnicalCauses of the Failure of Feijão Dam I, 12/12/2019, p. 68 et seq.
9 https://www.wsj.com/articles/behind-vales-deadly-dam-collapse-multiple-warnings-that-went-unheeded-11551050768.
10 https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2023-63.
11 https://www.wsj.com/articles/prosecutor-cites-negligence-in-brazil-dam-failure-as-aftereffects-grow-1447205530.
12 Brücklmayr/Agüero, Trabajo Final Integrador Curso: Ingeniería de Presas y Taludes Tema: Accidentes y Colapsos de Presas, FI/TUM, UNCuyo, 22/02/2024.
13 https://www.wsj.com/articles/after-one-auditor-flunked-brazil-dam-vale-found-another-who-passed-it-11551732816.
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17 Independent Expert Engineering Investigation and Review Panel, Report on Mount Polley Tailings Storage Facility Breach, 30/01/2015.
18 https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/mount-polley-mine-disaster-5-years-later-emotions-accountability-unresolved-1.5236160.
19 https://www.abc.net.au/news/2024-01-10/queensland-paradise-dam-to-be-rebuilt/103306884, https://www.theguardian.com/australia-news/2024/jan/11/queensland-paradise-dam-damage-wall-replaced-why-concrete-issues.
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