El artículo aborda la grave crisis de narcoterrorismo en Rosario, Argentina, donde la violencia inducida por el narcotráfico ha desestabilizado la vida cotidiana, evidenciando la complejidad de definir el terrorismo dentro de contextos políticos y sociales cargados de subjetividad. Destaca la urgencia de una respuesta multifacética, sugiriendo la necesidad de estrategias integrales que incluyan el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el desarrollo humano y políticas que desincentiven la violencia, abordando las raíces de la desigualdad socioeconómica y la demanda de drogas. Este enfoque, que combina seguridad con inclusión y respeto a los derechos humanos, es presentado como esencial para enfrentar eficazmente el narcoterrorismo y promover la restauración de la paz en comunidades afectadas como Rosario, subrayando la importancia de la cooperación internacional para superar este desafío global.

Por Raúl Saccani

Imagen: Midjourney.

¿Qué es el terrorismo? ¿Y el “narco-terrorismo”?

Definir al terrorismo es muy complejo. Se trata de un término que ha evocado debates intensos y variados a lo largo de la historia. Además, "el terrorista de uno es el luchador por la libertad de otro", resaltando la subjetividad inherente en la percepción de este concepto. Esta subjetividad se deriva de la naturaleza política de las luchas violentas, donde los actores buscan apoyo para sus causas, categorizando sus acciones como justas y demonizando a sus oponentes.[1]

El terrorismo debería definirse de manera objetiva, basándose en criterios específicos que eviten caer en juicios políticos sesgados. La definición propuesta enfatiza el carácter distintivo del terrorismo, que radica en el ataque indiscriminado y arbitrario a civiles, cruzando una "línea roja" moral. Esta acción deliberada contra individuos inocentes, quienes no tienen una participación directa en el conflicto y que son atacados sin distinción, diferencia al terrorismo de otras formas de violencia política, incluyendo la guerrilla, que puede tener objetivos más específicos y estar más alineada con las reglas morales de la guerra.

El terrorismo no se limita, entonces, a una táctica de actores no estatales ni es inherentemente irracional. Puede ser utilizado tanto por grupos motivados políticamente, como por aquellos impulsados por creencias religiosas, y a veces es el resultado de decisiones estratégicas racionales. Lo que define al terrorismo en esta concepción es su objetivo de utilizar la violencia contra civiles para generar miedo e inseguridad, con el fin último de provocar un cambio político. Esta definición busca ser amplia y capturar la esencia del terrorismo sin simplificarlo a categorías binarias que no capturan su complejidad.

Bajo estos criterios, el terrorismose define por la elección de sus blancos y sus métodos: el uso deliberado de la violencia contra poblaciones civiles para alcanzar objetivos políticos, religiosos, étnicos o ideológicos, caracterizándose por la ausencia de discriminación en la elección de víctimas y por buscar generar un clima de terror y coacción.

Pero, ¿a qué se refieren el narco-terrorismo? El 13 de marzo de 2002, después de los ataques a las Torres Gemelas, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) definió al narcoterrorismo como un “subconjunto del terrorismo, en el que grupos terroristas, o individuos asociados, participan directa o indirectamente en el cultivo, la fabricación, el transporte o la producción de estupefacientes”. Agregó: “Puede caracterizarse por la participación de grupos o individuos asociados en el cobro de impuestos, proporcionar seguridad, o de otro modo ayudar o instigar a los esfuerzos del tráfico de drogas en un esfuerzo por promover o financiar actividades terroristas”.

Sin embargo, el término ya había sido acuñado en Perú y Colombia en los años ‘80. “El término ‘narcoterrorismo’, utilizado como un equivalente de ‘narcoguerrilla’, comenzó a usarse en la década de 1980 en Perú para caracterizar a la organización Sendero Luminoso. Más tarde, fue adoptado para describir a las FARC colombianas. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ‘narcoterrorismo’ refiere a los actos de violencia -asesinatos, secuestros, bombardeos- cometidos por traficantes de droga para generar disrupciones que desvíen la atención de sus operaciones ilícitas”, señala un informe del CELS.[2]

Narco-terrorismo en Rosario

Una ola sin precedentes de lo que ahora se denomina "narcoterrorismo" acecha a Rosario, tercera ciudad más grande del país y principal puerto fluvial del río Paraná, la ciudad natal de figuras como Ernesto "Che" Guevara. O de campeones del mundo de la Selección de fútbol, el capitán Leo Messi y el delantero Ángel Di María, exjugador de la Juventus ahora en el Benfica portugués, ambos originarios de Rosario (ellos y sus familias también han sido recientes objetivos del “terror”).

Hay quienes sostienen que el término "terrorismo" no es exagerado, porque lo que está sucediendo en Rosario va más allá de una emergencia vinculada al crimen organizado [3]. Entre el 8 y el 10 de marzo, sicarios presuntamente vinculados al narcotráfico asesinaron a dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio y dejaron notas amenazantes dirigidas al gobernador Maximiliano Pullaro. “Carguen con muertes inocentes”, apuntaba uno de los mensajes. Esa condición es la que transforma a estos actos en terroristas.

Ante esta secuencia sangrienta, la población auto-decretó un toque de queda. Durante varios días las calles quedaron desiertas, sin transporte público, sin poder comprar combustible, con las escuelas cerradas, los centros de salud sin atención, y muchos locales comerciales con las persianas bajas.[4] La vuelta al home-office para la mayoría de las empresas.

Investigadores de la UNSAM y de la Universidad Nacional de Rosario aportan datos y argumentos para entender por qué se espiraliza la violencia. Su análisis reporta que las tasas de homicidio rosarinas son las más altas de toda la Argentina. El país contabiliza 4,31 homicidios por cada 100 mil habitantes (bajísimo si lo comparamos con la región), pero en Rosario esa cifra asciende a 22,1; cinco veces más (similar a Brasil, pero inferior a Méjico y Colombia). El municipio bonaerense de La Matanza, que tiene 1,8 millones de habitantes, registró 142 homicidios en 2022, mientras que Rosario contó 287 sobre 1,4 millones de habitantes, según el Reporte Anual Homicidios 2023 de la Provincia de Santa Fe.[5]   [6]

Imagen: © La Nación.

Se dice que el terrorismo criminal ha matado a las víctimas inocentes sólo para enviar una señal al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, provincia donde se encuentra la ciudad de Rosario. En los últimos meses el gobernador había prometido y comenzado a implementar una lucha contra el narcotráfico siguiendo el ejemplo del presidente de El Salvador Nayib Bukele, conocido por sus métodos poco ortodoxos que, sin embargo, en poco tiempo casi han eliminado los crímenes de pandillas en el pequeño país centroamericano.

Imagen: Gobierno de Santa Fe.

La escalada habría comenzado el domingo 3 de marzo, cuando el gobierno santafecino difundió las ya famosas fotos “a lo Bukele” en las que se exhibía el trato humillante al que fueron sometidos los presos tras una requisa en el penal de Piñero. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) presentó denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por “delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de los pabellones 7, 8, y 23, de la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero y del Pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria N.º 16 de Pérez”. Según sus registros, los internos denunciaron que “fueron objeto de vejámenes y tratos crueles y degradantes” y “reportaron casos de sustracción y destrucción de elementos personales”.

En este contexto, también debe observarse que los reclusos narcotraficantes venían disfrutando de una excesiva libertad hasta el punto de poder seguir dirigiendo sus organizaciones desde tras las rejas. Pero los asesinatos a sangre fría han llevado la situación a un terreno completamente diferente. Personas sin antecedentes penales ni vínculos con el crimen son elegidas sólo por ser un blanco fácil para los sicarios a sueldo de los "narcos", quienes reivindicaron las ejecuciones con grandes pancartas colgadas en los puentes viales, siguiendo el modelo de sus "colegas" mexicanos: "Seguiremos matando", decían los mensajes, "hasta que Pullaro pare".

Además del maltrato a los presos ya mencionado, se identifican múltiples factores contribuyentes, entre ellos, el“cuentapropismo” de la policía, la baja eficacia judicial, y la presencia de bandas narcotraficantes que funcionan como comedores, bancos y prestamistas en barrios donde el Estado está ausente. Medios periodísticos reportan que las estructuras criminales tienen vínculos con sectores políticos, judiciales y policiales, lo que facilita la impunidad y la perpetuación de la violencia.

Hasta el Vaticano se ha hecho eco de la crisis de Rosario, tanto así que el Papa difundió un mensaje en vídeo pidiendo a las autoridades argentinas investigar las redes de corrupción y lavado de dinero que favorecen el avance del narcotráfico, para relanzar la acción de la política y también de la Iglesia. velar por la aplicación de la justicia y fortalecer el sentido de comunidad. “Sin la complicidad de un sector del poder político, judicial, económico, financiero y policial”, dijo el Papa Francisco, “no habría sido posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario”.[7]

La desigualdad y la exclusión social en Rosario también son factores que contribuyen a la violencia. Las áreas más afectadas son a menudo las más desfavorecidas, donde la falta de oportunidades y la marginalización social crean un terreno fértil para la actividad delictiva.

Imagen: © La Nación.

El negocio detrás del drama

El narcotráfico en Rosario representa una industria ilícita de enormes proporciones, con estimaciones que superan los 100 millones de dólares anuales. La cifra resulta, no obstante, incompleta, coinciden los expertos. A la recaudación por cocaína y marihuana hay que sumar el creciente mercado de las drogas sintéticas –entre ellas, éxtasis, anfetaminas y fentanilo– y otras ofertas menores, como el Paco, al punto que algunas estimaciones elevan el volumen del mercado narco a entre 10 y 20 millones de dólares mensuales, según qué variables tomen.[8]

Los ingresos no sólo financian las operaciones criminales, sino que también se filtran en la economía legítima a través de prácticas de lavado de dinero. Según reportan los medios, el narco-lavado es un rubro que integran escribanos, dueños de inmobiliarias y concesionarias de autos, directivos de constructoras y de puertos, productores agropecuarios, financistas de la City rosarina y varios rubros más. Estos “delincuentes de cuello blanco" juegan un papel crucial en el proceso, facilitando la integración de las ganancias ilícitas en el sistema financiero.[9]

A través de una combinación letal de actividades ilícitas, grupos terroristas y organizaciones criminales han encontrado en el narcotráfico una fuente inagotable de financiamiento, complicando aún más los esfuerzos internacionales para combatirlos.

El financiamiento del terrorismo, entendido como la acumulación y distribución de recursos económicos para sustentar actividades terroristas, ha sido ampliamente estudiado y documentado en la literatura académica. William Vlcek, en su libro "Terrorist Financing", presenta un análisis exhaustivo sobre la evolución de las estrategias de financiamiento de grupos terroristas, destacando cómo estos han explotado sistemas económicos y financieros tanto formales como informales para asegurar la continuidad de sus operaciones. La intersección entre el narcotráfico y el terrorismo se manifiesta no sólo en la generación de ingresos, sino también en la corrupción de instituciones estatales y en la erosión de la ley y el orden, elementos claves para entender la situación en Rosario.[10]

Vlcek señala que una faceta crucial, pero a menudo subestimada, del combate contra el financiamiento del terrorismo, es la motivación política detrás del uso de la violencia como sustituto de la carrera electoral. Esto sugiere que es fundamental mirar más allá de la eficacia de las medidas financieras contra el terrorismo y considerar las motivaciones políticas que impulsan a individuos y grupos a financiar actos de terrorismo. Otra área que, según Vlcek, merece mayor atenciones la falta de "datos sistemáticos", que presenta un desafío para la investigación en este campo. El acceso limitado a la información recopilada por las agencias gubernamentales puede restringir la capacidad de los investigadores para realizar análisis profundos. Además, se hace énfasis en la necesidad de no sólo identificar las consecuencias no deseadas de las medidas contra el financiamiento del terrorismo, sino también encontrar remedios prácticos que puedan implementarse en países con capacidades limitadas. Estos remedios deberían apoyar la inclusión financiera y fomentar el desarrollo económico.[11]

La investigación futura podría explorar cómo implementar regulaciones que aborden estas preocupaciones mientras operan en economías con un sector informal significativo. Vlcek argumenta que el futuro del combate contra el financiamiento del terrorismo requerirá un enfoque más matizado que reconozca las motivaciones políticas detrás del terrorismo y que busque soluciones innovadoras para abordar tanto las preocupaciones de seguridad como las necesidades de desarrollo económico y inclusión financiera.

¿Qué medidas se ensayan para abordar la situación en Rosario?

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el narcotráfico en Rosario sigue siendo una fuerza desestabilizadora poderosa. La capacidad de adaptación y reorganización de las bandas criminales dificulta su erradicación. Mientras tanto, la ciudad continúa siendo un punto crítico en la red del narcotráfico, con implicaciones que van más allá de sus fronteras y afectan la seguridad regional. La lucha contra este flagelo requiere un enfoque multifacético y la cooperación continua entre las agencias de aplicación de la ley y la comunidad internacional.

El gobierno argentino está trabajando en medidas especiales para contrarrestar el chantaje mafioso, como el envío de militares para apoyar a la policía o un decreto que autoriza a la policía a disparar incluso sin identificarse. Medidas que la población reclama pero que también suscitan preocupación desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos: la constitución argentina, por ejemplo, prohíbe el uso de las fuerzas armadas para tareas policiales y esto es una clara consecuencia de los tiempos oscuros que vivió la Argentina antes de la vuelta de la democracia en 1983.[12]

El ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, anunció una propuesta legislativa para modificar la Ley de Seguridad Interior en respuesta a los recientes actos de violencia en Rosario. La iniciativa busca ampliar las capacidades de las Fuerzas Armadas para combatir el narcoterrorismo, permitiendo su intervención en operaciones específicas para restablecer la paz y la tranquilidad en la región.[13]

Petri enfatizó la necesidad de una acción coordinada entre los tres poderes del Estado y la implementación de investigaciones criminales complejas para desmantelar las redes de narcotráfico. La propuesta incluye endurecer las penas y mejorar las investigaciones patrimoniales para debilitar el poder de las organizaciones criminales.

Las modificaciones propuestas al artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior especifican que las Fuerzas Armadas podrán actuar únicamente en casos de terrorismo, definidos en el Código Penal como actos destinados a aterrorizar a la población. La intervención militar requerirá la aprobación del Comité de Crisis y del gobernador de la provincia afectada.

Esta reforma, la más significativa desde la creación de la Ley de Seguridad Interior en 1991, tiene como objetivo dotar a las Fuerzas Armadas de recursos y armamento específico para actuar legalmente a nivel federal en situaciones de narcoterrorismo. La actuación de las Fuerzas Armadas estará limitada a estos casos, excluyendo su participación en delitos comunes.

La llegada de personal de las Fuerzas Armadas a Rosario, aunque oficialmente para tareas de apoyo y logística, ha levantado sospechas sobre una posible intervención directa en asuntos policiales. El despliegue de helicópteros, camionetas y embarcaciones militares, junto con las declaraciones del ministro Petri, refuerzan la percepción de una militarización de la seguridad pública.

Existen voces que plantean preguntas sobre la efectividad y la legalidad de las medidas adoptadas en la lucha contra el narcotráfico y el llamado narcoterrorismo. Sostienen que la historia reciente de América Latina y las lecciones aprendidas de otras naciones sugieren que la militarización de la seguridad y la adopción de tácticas represivas pueden tener efectos contraproducentes y perjudiciales para la sociedad en su conjunto.[14]

La mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la reforma de la ley de Seguridad Interior, es una propuesta que ha generado controversia y comparaciones con políticas fallidas en otros países de América Latina, donde la intervención militar en asuntos internos no ha logrado los resultados esperados y ha tenido consecuencias negativas para los derechos humanos.[15]

El Estado argentino enfrenta el desafío de proporcionar servicios básicos y seguridad en áreas donde los narcotraficantes han asumido esos roles. La influencia de los capos narco en ciertos barrios es tal que proveen no sólo seguridad, sino también comida y empleo, desplazando la autoridad estatal. Esta realidad subraya la necesidad de una estrategia integral que aborde las causas profundas de la violencia y el narcotráfico, más allá de la mera presencia militar o policial.[16]

La “gobernanza criminal”, un fenómeno global

La gobernanza criminal representa un fenómeno global que desafía las nociones convencionales de soberanía estatal y orden social. En áreas urbanas informales de todo el mundo en desarrollo, decenas o incluso cientos de millones de personas viven bajo alguna forma de gobernanza criminal. Para estos individuos, la afirmación estatal de monopolio sobre el uso de la fuerza a menudo carece de sentido práctico, siendo las organizaciones criminales locales las autoridades relevantes para numerosos aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, esto no implica una ausencia total del Estado; por el contrario, los residentes pueden continuar pagando impuestos, votando e incluso informando sobre las bandas en represalia por comportamientos abusivos.[17]

Al explorar las lógicas que pueden impulsar a las organizaciones criminales a proporcionar gobernanza a los no miembros, se establecen fundamentos para la construcción y prueba de teorías futuras. Este enfoque revela que la provisión de bienes y servicios por parte de organizaciones criminales a menudo busca legitimidad dentro de sus comunidades, creando un complejo tejido de relaciones y dependencias entre criminales y ciudadanos.

Además, al investigar cómo la gobernanza criminal se cruza con el Estado, se refina el concepto de "simbiosis" entre crimen y estado, distinguiéndolo de conceptos vecinos en la literatura sobre crimen organizado y violencia relacionada con las drogas. Esta simbiosis puede manifestarse en una gama de interacciones, desde la colusión hasta la cooptación y la confrontación, cada una con implicaciones profundas para la gobernabilidad, el orden social y la legitimidad del estado, dice Lessing[18].

El trilema de la criminalidad, la corrupción y la violencia

Según analiza Juan Pablo Luna, los actores políticos que se enfrentan a un aumento de la actividad criminal se encuentran ante un trilema o "trinidad profana": cómo combatir la criminalidad (el tráfico en sí), frenar la corrupción y disminuir la violencia simultáneamente.[19] Lessing argumenta que es prácticamente imposible abordar estos tres males al mismo tiempo; a lo sumo, solo se pueden perseguir dos de estos objetivos a la vez. Este trilema se manifiesta de manera diferente en diversas jurisdicciones, donde los políticos enfrentan incentivos distributivos que moldean su comportamiento en términos de tolerancia hacia espirales de violencia en contextos locales específicos. Esto probablemente se ve impulsado por los costos y beneficios electorales relativos asociados con suspender la aplicación de la ley en enclaves territoriales y socioeconómicos específicos.[20]

Sin embargo, en algunos casos los políticos también perciben beneficios potenciales al tratar con actividades relacionadas con las drogas. Como se ha indicado, los recursos proporcionados por este negocio ilícito pueden impulsar la inversión y el consumo en la economía legal. Los esquemas de gobernanza por sustitución también pueden ser proporcionados por las organizaciones de tráfico de drogas (DTOs, por sus siglas en inglés) en lugares donde los políticos deciden no invertir recursos estatales. Por ejemplo, si las organizaciones criminales contribuyen a producir derrames económicos y de bienestar y financiación muy necesaria para actividades partidarias/electorales sin generar violencia, ya sea en una localidad o un área funcional, entonces los políticos tienen un incentivo a corto plazo para proteger a los criminales y beneficiarse de actividades ilegales. Sin embargo, la corrupción puede politizarse y crear costos electorales, de modo que esos mismos políticos eventualmente tengan un incentivo para combatir las actividades criminales.

En otras palabras, los políticos enfrentan un compromiso entre externalidades positivas y negativas asociadas con las actividades de tráfico de drogas. Si los costos son altos (es decir, si la violencia, la corrupción o ambas ganan tracción en la opinión pública), tienen incentivos para tomar acciones visibles públicamente contra el crimen. Esto es consistente con un escenario de confrontación. Pero, si la economía de las drogas beneficia a los incumbentes (ya sea personalmente a través de sobornos o a nivel agregado a través de derrames económicos de la economía de las drogas) sin crear controversia pública, entonces los políticos están incentivados a participar en arreglos colusivos con las DTOs. Esto es consistente con un escenario de búsqueda de rentas. Eventualmente, los políticos podrían "hacer la vista gorda" y abstenerse unilateralmente

Cuando las actividades criminales surgen en lugares caracterizados por una mayor notoriedad, los políticos pueden buscar endurecer la aplicación de la ley adoptando políticas de "mano dura", "tolerancia cero" y "guerra contra las drogas"[21]. La estricta aplicación de la ley lleva a una confrontación entre organizaciones criminales y políticos. La confrontación a menudo escala la violencia a nivel local, donde las DTOs defienden su territorio. La visibilidad del tráfico de drogas para el público, especialmente la visibilidad de la violencia, la corrupción o ambas, empuja a los políticos a priorizar los costos sobre los beneficios.[22]

Enfoque multifacético para enfrentar el narco-terrorismo

El problema del narco-terrorismo y su impacto en el desarrollo humano y la consolidación democrática es un desafío complejo que enfrentan numerosos países, especialmente en América Latina. Este fenómeno, exacerbado por la militarización de la guerra contra las drogas durante las últimas tres décadas, ha causado estragos no solo entre los cárteles de la droga, sino también en el tejido social y en las instituciones estatales. Los enfrentamientos entre los cárteles y el Estado desafían directamente la autoridad estatal y el estado de derecho, a menudo como respuesta inesperada a las medidas represivas del Estado destinadas a reafirmar su autoridad.

Los cárteles emplean la violencia contra el Estado no con el objetivo de derrocarlo, sino como una guerra de restricción, buscando inducir cambios en el comportamiento del Estado. Este patrón de violencia plantea un rompecabezas significativo: ¿Por qué los cárteles atacarían al Estado si no buscan subvertirlo completamente? La violencia cartel-estado es un intento de coacción, destinado a modificar las políticas estatales que afectan las actividades lucrativas de los cárteles. Esto lleva a la necesidad de entender la violencia entre los cárteles y el Estado más allá de las explicaciones simplistas, reconociendo la complejidad y las múltiples dimensiones de este conflicto.[23]

Dice Lessing que, a pesar de los esfuerzos significativos para combatir el narco-terrorismo, los resultados a menudo han sido desalentadores. Las políticas de represión incondicional, en particular, han demostrado ser contraproducentes, exacerbando la violencia sin lograr una reducción sustancial en el tráfico de drogas. La militarización de la lucha contra las drogas ha llevado a un aumento en las violaciones de los derechos humanos, mientras que la corrupción dentro de las fuerzas del orden y el sistema judicial ha socavado los esfuerzos por establecer el estado de derecho. Estos desafíos subrayan la necesidad de reevaluar las estrategias actuales y considerar enfoques más matizados y condicionales que puedan abordar las raíces del problema de manera más efectiva.[24]

Enfrentar el narco-terrorismo requiere un enfoque multifacético que vaya más allá de la mera represión. Las estrategias efectivas deben incluir el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del desarrollo humano, y la implementación de políticas de represión condicionales que desincentiven la violencia de los cárteles. Además, es crucial abordar las causas subyacentes del tráfico de drogas, como la desigualdad socioeconómica y la demanda de drogas en los países consumidores. Solo a través de un enfoque holístico y coordinado, que involucre a la comunidad internacional y se base en el respeto a los derechos humanos, se puede esperar hacer frente efectivamente al desafío del narco-terrorismo y sus consecuencias devastadoras para la sociedad.

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1 Caron, Jean-François (2023), The Moral Dilemmas of Fighting Terrorism and Guerrilla Groups, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.

2 CELS (2018), La guerra interna: cómo la lucha contra las drogas está militarizando América Latina. 1a ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales CELS.

3 Ballario, G.  (2024, March 27). Ay Sudamerica! A Rosario il terrorismo narco minaccia anche Messi e Di Maria. Barbadillo. https://www.barbadillo.it/113529-ay-sudamerica-a-rosario-il-terrorismo-narco-minaccia-anche-messi-e-di-maria/

4 De Los Santos, G. (2024, March 17). Terror narco. Un toque de queda espontáneo y el desafío que enfrenta el gobierno para quebrar el miedo. LA NACION. https://www.lanacion.com.ar/politica/terror-narco-un-toque-de-queda-espontaneo-y-el-desafio-que-enfrenta-el-gobierno-para-quebrar-el-nid17032024/

5 Grieco, G., Cinco claves para entender lo que pasa en Rosario. (2024, March 25). https://noticias.unsam.edu.ar/2024/03/25/cinco-claves-para-entender-lo-que-pasa-en-rosario/

6 De Los Santos, G., & Alconada Mon, H. (2024, March 12). Rosario, feudo narco. Narcos que administran un imperio criminal desde la cárcel con complicidad política: la causa de la violencia. LA NACION. https://www.lanacion.com.ar/politica/rosario-feudo-narco-el-imperio-criminal-que-se-administra-detras-de-las-rejas-con-complicidad-nid30102022/#/

7 Vatican News - Español. (2024, March 26). Video mensaje del Papa Francisco a fieles de Rosario en Argentina [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ElwgrZBgYuA

8 Alconada Mon, H. (2024, March 16). El narcotráfico en Rosario mueve más de 100 millones de dólares al año. LA NACION. https://www.lanacion.com.ar/politica/el-narcotrafico-en-rosario-mueve-mas-de-100-millones-de-dolares-al-ano-nid16032024/

9 De Los Santos, G., & Alconada Mon, H. A. (2022, November 3). Los lavadores de “la mafia”. Autos de lujo, trajes italianos y perfume francés, así opera el “lado b” de los narcos rosarinos. LA NACION. https://www.lanacion.com.ar/politica/los-lavadores-de-la-mafia-autos-de-lujo-trajes-italianos-y-perfume-frances-asi-opera-el-lado-b-de-nid30102022/#/

10 Vlcek, W. (2022), Terrorist Financing, Agenda Publishing Limited, UK.

11 Ibídem.

12 Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el marco legal vigente, no pueden intervenir en tareas de seguridad interior. Para eso están las fuerzas de seguridad. Esto se desprende de tres leyes aprobadas por el Congreso en las dos décadas posteriores a la recuperación de la democracia: la Ley de Defensa Nacional (1988), la Ley de Seguridad Interior (1991) y la Ley de Inteligencia Nacional (2001). Sin embargo, hay tres supuestos contemplados en estas regulaciones en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir:

• Mediante la creación de un Comité de Crisis, como ocurrió en Rosario, que solicite la ayuda. Esa intervención sólo puede ser en un rol logístico. “No pueden intervenir en las operaciones en sí mismas, no pueden llevar armas, ni hacer patrullajes, ni allanamientos, ni participar eventualmente de un intercambio de disparos. Sólo apoyan las operaciones de seguridad a través de recursos logísticos”, explicó a Chequeado Manuel Tufró, director de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
• Si hay alguna acción violenta dentro de una jurisdicción militar, como un ataque a un cuartel.
• “Si hubiera una amenaza armada de tal magnitud que supere el tipo de armamento que tienen las policías. Habría que declarar el estado de sitio y después podrían intervenir las fuerzas armadas. Una amenaza a la soberanía o al control territorial del gobierno de parte de un grupo armado que supere en su capacidad a las fuerzas de seguridad, cosa que no ocurre en Rosario”, explicó Tufró.

Violencia narco en Rosario: ¿qué es el narcoterrorismo, la Ley Rico y la “guerra contra las drogas”? -. (2024, March 14). Chequeado. https://chequeado.com/el-explicador/violencia-narco-en-rosario-que-es-el-narcoterrorismo-la-ley-rico-y-la-guerra-contra-las-drogas/

13 Petri anunció que enviará al Congreso un proyecto para ampliar el accionar de las Fuerzas Armadas. (2024, March 21). Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/noticias/petri-anuncio-que-enviara-al-congreso-un-proyecto-para-ampliar-el-accionar-de-las-ffaa

14 Couso, L. (2024, March 25). Qué tormento. Redacción Rosario. https://redaccionrosario.com/2024/03/25/que-tormento/

15 Ibídem.

16 De Los Santos, G., & Alconada Mon, H. (2024, March 13). Terror narco en Rosario. Cuando los objetivos de la política están desconectados de la urgencia que imponen los hechos. LA NACION. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/terror-narco-en-rosario-cuando-la-politica-y-la-realidad-corren-por-caminos-que-solo-a-veces-se-nid13032024/

17 Lessing B. Conceptualizing Criminal Governance. Perspectives on Politics. 2021;19(3):854-873. doi:10.1017/S1537592720001243.

18 Ibídem.

19 Feldmann, A. y Luna Juan Pablo (2023), Criminal Politics and Botched Development in Contemporary Latin America. Elements in the Politics of Development. Cambridge University Press, UK. DOI: 10.1017/9781108955461. Los autores citan a Lessing, B. (2018), Making Peace in Drug Wars, Crackdowns and Cartels in Latin America; Cambridge University Press, UK.

20 Otorgar a los encargados de hacer cumplir la ley la capacidad represiva para disuadir el tráfico necesariamente les otorga poder de extorsión sobre los traficantes, lo que potencialmente aumenta la corrupción. Los esfuerzos contra la corrupción, incluso si son efectivos, pueden incentivar a los traficantes a recurrir a la violencia antiestatal, tanto como defensa de fuerza bruta como contrapeso coercitivo a sanciones oficiales incrementadas por soborno. La represión condicional crea incentivos para que los cárteles eviten la violencia antiestatal, pero requiere aplicar menos que la máxima represión contra los traficantes no violentos, posiblemente aumentando el flujo de drogas. Por lo tanto, los estados enfrentan compensaciones difíciles, aún más complicadas por la política de la guerra contra las drogas. Ibídem.

21 De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, la primera vez que se utilizó el término “guerra contra las drogas” fue en 1971. Fue el presidente estadounidense Richard Nixon. Consiste en una política de persecución a la producción, el comercio y el consumo de ciertas sustancias psicoactivas. “Desde entonces, muchos gobiernos de todo el mundo lo han utilizado para reprimir a quienes consumen drogas y para reducir el narcotráfico. Estas campañas pretenden disuadir del consumo y la venta de drogas recurriendo para ello a duros castigos”, indica la organización Amnistía. Y continúa: “Cada vez existen más pruebas, en todas las regiones del mundo, de que la ‘guerra contra las drogas’ no hace disminuir ni el consumo ni la disponibilidad de las drogas. Por el contrario, socava los derechos de millones de personas, agrava los daños que entraña su consumo e intensifica la violencia asociada a los mercados ilegales”.

Violencia narco en Rosario: ¿qué es el narcoterrorismo, la Ley Rico y la “guerra contra las drogas”? -. (2024, March 14). Chequeado. https://chequeado.com/el-explicador/violencia-narco-en-rosario-que-es-el-narcoterrorismo-la-ley-rico-y-la-guerra-contra-las-drogas/

22 Ibídem.

23 Lessing, B. (2018), Making Peace in Drug Wars, Crackdowns and Cartels in Latin America; Cambridge University Press, UK.

24 Ibídem.