Lo sabemos: Whistleblowers son importantes. Sin ellos, muchos de los grandes escándalos corporativos (y otros) no se hubiesen descubiertos. Sin canales para whistleblowers (y una política de no – represalia), los programas de integridad no son considerados efectivos por los reguladores y no sirven como mitigante en caso de incidentes (ver acá).
Si el sistema de whistleblowing funciona bien, le ahorra a la organización el escándalo: Permite que se descubren y se desactiven “temas” antes de que sea tarde y se convierten en hechos.
Pero los whistleblowers lo pasan mal y normalmente muy mal. Las políticas anti represalias en las compañías muchas veces no funcionan bien o existen solo en los papeles. Los casos abundan (ver acá):
Por qué resulta tan difícil proteger al whistleblower tiene muchas explicaciones tanto psicológicas como sociológicas y, en algunos casos, históricas. Es percibido como alcahuete, al que viola las normas del grupo, al que no es leal a los colegas o al jefe o a la organización, al que no se puede confiar. En países con un pasado autoritario dónde el régimen se servía de denunciantes para capturar y castigar brutalmente a opositores, la figura del whistleblower se percibe todavía como algo parecido a estos denunciantes nefastos y se los rechaza. Ejemplos son países como Alemania bajo el régimen Nazi y después de la segunda guerra mundial, Alemania Oriental donde el gobierno desarrolló una cultura de denunciantes y donde nadie podía confiar en nadie.
Como las empresas aparentemente no toman (o no pueden tomar) las medidas necesarias para la protección de estos individuos rebeldes e importantes para la salud organizacional, que no se quieren quedar quietos cuando observan o sospechan actos inadecuados, hay que buscar otras formas de protección.
En muchos países existen asociaciones y ONGs que dan apoyo y asesoramiento a whistleblowers. Son paliativos más o menos efectivos. En los EEUU existen normas que garantizan su anonimato y otorgan altos premios al whistleblower (ver acá):
Ahora actúa la Comunidad Europea (EU). En su proyecto (ver acá): quiere proteger a los denunciantes que actúan en interés público, sin importar sus motivos. Prevé un sistema de tres canales para las denuncias, apoyo y asesoramiento legal y una inversión de la carga de prueba: El denunciante no tendrá que probar que una medida contra él es una represalia, sino la organización tendrá que probar que sus acciones no son represalias.
Se le quiere dar al whistleblower un paracaídas que lo protege y que complementa las políticas internas de las organizaciones y les da una suerte de refuerzo legal y estatal.
Todavía hay muchas preguntas abiertas: Si los motivos del denunciante importan o no (se quiere proteger también al que hizo una denuncia por plata?), si este paracaídas funcionará a nivel estatal o mejor en una institución separada, financiada por el estado, etc.
Encontrar una solución que protege a los whistleblowers en forma más efectiva que las políticas bien intencionadas de las compañías es importante. Protegidos, más se animarán a dar el paso. Ayudan a sus compañías y le dan “dientes” a la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
