Un hilo invisible nos une desde a través del Atlántico y a lo largo de América. La importación de un instituto extraño a nuestra tradición jurídica, la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y el Compliance, presenta desafíos similares en un bloque con una afinidad cultural. Esa afinidad sugiere que las soluciones también pueden ser las mismas. Este artículo es una herramienta para quien quiera explorar de manera rápida el desarrollo de la materia en el bloque Iberoamericano.
Por Gianfranco Barchiesi.
Gianfranco Barchiesi es abogado de la Universidad de Mendoza y ex alumno del IAE, especialista en cumplimiento normativo y temas a fin. Como becario del DAAD se encuentra actualmente realizando una investigación doctoral en Alemania sobre la “adaptación de los programas de compliance de multinacionales a la realidad local en terceros países”. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gianfranco-barchiesi/
Resumen Ejecutivo
Compliance es un instituto anglosajón que todavía no termina de incorporarse en nuestras instituciones.En muchos casos, los desafíos que enfrentamos para avanzar en el desarrollo de la actividad encuentran su raíz en motivos culturales.Nos enfocamos en el bloque Iberoamericano porque compartimos la misma cultura desde México hasta Argentina, extendiéndose esos lazos incluso al otro lado del atlántico y a nuestros vecinos brasileros y portugueses que, aunque hablen otro idioma, son culturalmente afines.
Cada uno sabrá de su propia jurisdicción mucho más de lo que se expresa aquí. En verdad, el objetivo es ofrecer un espacio para informarse rápidamente del avance de la materia en la región, con un enfoque práctico de los hechos. Se brinda una herramienta para conocer las características fundamentales de la materia, su evolución y arraigo institucional, pero sobre todo en la práctica, cómo va su aplicación. Entender los avances y desafíos de nuestros vecinos, especialmente de aquellos con quienes tenemos mucho en común, nutre nuestro propio sistema. Podemos evitar medidas que no resultaron o trajeron problemas, o imitar aquellas que han sido exitosas. Es una manera de evaluar alternativas. La discusión doctrinaria pasa aquí a un segundo plano. El foco está puesto en las características generales del marco normativo, cómo se aplica en la realidad de los hechos y cuánto.
En resumen, ya se advierten importantes diferencias entre los países a primera vista:
- Brasil y Chile destacan por una aplicación permanente de la norma, sancionando empresas por su actividad delictiva. Destaca en el caso chileno que esta aplicación se logra por vía penal, combinando condenas penales y acuerdos con los fiscales.
- Colombia destaca por una aplicación preventiva de la norma, haciendo del programa de compliance algo obligatorio. Las empresas deben informar a las autoridades su programa y pueden ser sancionadas si carecen de él.
- La aplicación de las leyes de sanción a la persona jurídica, en especial si es una sanción penal, son un desafío en los demás países de la región.
- En todos los países juega un rol importante el programa de compliance, con la posibilidad de eximir de responsabilidad en casi todos los casos.
- Argentina destaca por numerosas guías de aplicación y herramientas que provee el gobierno a la par de una profunda discusión doctrinaria y muchas dificultades para aplicar la norma.
- Algunos países sufren una gran dispersión de normas que regulan la materia, generando una cierta inseguridad jurídica.
- Brasil publica informes de prensa y los acuerdos con empresas, incluido el cálculo de la multa, en un sitio oficial, imitando las buenas prácticas del DOJ. Fuera de Brasil carece la región de registros efectivos de sanciones contra la persona jurídica, esenciales para el estudio del tema. Se podría desarrollar un registro regional, aprovechando las similitudes entre países.
- Panamá ha instituido la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (RPPJ) en su código penal con una fórmula abierta, que responsabiliza a la empresa por cualquier delito en conexión con su actividad. Hay una tendencia por ampliar la responsabilización de la persona jurídica a múltiples delitos. Se observa por ejemplo también en Chile, Portugal y España.
- Uruguay y Paraguay carecen de un sistema de sanción a la persona jurídica por delitos de corrupción. Otros países pequeños de la región, como Bolivia y Panamá sí cuentan con un sistema sancionatorio de la persona jurídica.
- Aunque algunos países de la región cuentan con leyes de protección al denunciante, ninguno tiene un programa de recompensas.
He tratado de realizar este artículo con rigor, pero es posible que se detecten errores. Agradezco a todo aquel que se ponga en contacto para señalarlos.
Las ilustraciones en cada sección están inspiradas en distintos estilos artísticos y simplemente buscan evocar un lugar.
Copilot Generated. Iberoamérica.
Introducción
Resulta un misterio que, a lo largo de los siglos, los lazos culturales han probado ser más fuertes que la cordillera de los Andes, la jungla y el mar que divide a nuestros pueblos. Lo que nos une va más allá de una lengua en común. Esto es evidente visto desde otras latitudes: mismos valores, una afinidad natural, creencias similares. A modo de comparación, la Commonwealth es un bloque similar que une Australia, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Detrás del rezago económico se esconden las ventajas del bloque ibérico por sobre el anglosajón. La riqueza cultural que se advierte en este crisol de naciones no tiene comparación. Es un bloque más extenso y que comprende más países. Por último y posiblemente la ventaja más importante, compartimos una manera de ser social y proactiva, sociedades abiertas con un fuerte capital social que mira hacia el futuro.
Estas virtudes no pueden servir para esconder nuestros problemas. Cuesta creer que sea casualidad, quizás el resultado de una creciente democratización, que los problemas de nuestros países sean cada vez más parecidos, dándoles un carácter regional. Sin más preámbulo, nos abocamos aquí a uno de ellos, específicamente nuestra dificultad para cumplir la ley. ¿Acaso compliance no se trata precisamente de eso mismo?
El desarrollo del compliance depende de tres condiciones.
- En primer lugar, debe introducirse una ley que sancione la corrupción en cabeza de las personas jurídicas, para que estas ya no puedan usar a sus agentes para obtener contratos de manera ilícita. En los Estados Unidos esto se verifica con la sanción de la FCPA.1
- Estas leyes introducen múltiples desafíos para su aplicación, por lo que demandan una coordinación en la justicia, para que jueces y fiscales comprendan cómo instrumentalizar estas normas. En los Estados Unidos eso se concreta con el Capítulo 8 de las USSGs2 y posteriormente con las diferentes guidelines que emite el DOJ.3
- El tercer requisito es aplicar estas normas de manera activa, llevando adelante investigaciones y sancionando la corrupción de manera activa, valorando positivamente el compliance en este proceso. Esto no solo genera una señal clara al sector privado y un incentivo a desarrollar programas de cumplimiento. La aplicación de la ley tiene como resultado el desarrollo de instituciones, costumbres y tradiciones en torno a la aplicación de la ley. Se forman agentes de justicia, compliance officers y se cultiva una seguridad jurídica en torno al instituto.
Desde mi primer artículo en este newsletter he puesto el énfasis en este último punto, el enforcement normativo.4 El artículo enfoca la situación de cada país de la región, demostrando la presencia de estos requisitos, especialmente el último.
En cada país agrego una referencia económica por dos motivos. En primer lugar, porque la RPPJ tiene como destinataria a las empresas. Donde el sector privado está más desarrollado se espera un mayor despliegue de la RPPJ y de los programas de integridad. La referencia económica también contribuye, en segundo lugar, a un conocimiento integral de nuestra región y del peso económico relativo de cada país.
Brasil
Contexto
Brasil no solo es el país más extenso y poblado del continente, sino que su economía es la décima más grande del mundo. Para tomar dimensión, Brasil tiene una población de 216 millones de habitantes, frente a los 45 millones que habitan la Argentina (su principal socio en el Mercosur) y los 340 millones que viven en los Estados Unidos. Es necesario por lo tanto señalar que Brasil es, con mucha distancia, la potencia regional más importante. Su magnitud no es comparable con la de ningún otro país de la región.
Normas de RPPJ
Ya en 2013 se sanciona en Brasil la Lei Anticorrupção / “Clean Company Act” que establece una responsabilidad administrativa y civil de las empresas por delitos de corrupción.5 Es un sistema de responsabilidad objetiva, no penal. Sin embargo, las multas se calculan sobre la facturación bruta, no sobre un monto fijo.
La norma prevé acuerdos de colaboración para la reducción de la sanción, y en 2022 se sancionó el decreto 11.129 que reglamenta la instrumentalización de dicho instituto.6 En línea con esta reglamentación, hay publicada una guía oficial para el desarrollo de programas de integridad.7 Un poco antes se publicó una guía oficial para la evaluación de programas de compliance.8 Cuentan además con guías para reglamentar el procedimiento administrativo contra la empresa.
Enforcement y Casos
En el mundo, son contados con los dedos de la mano aquellos países que hacen un enforcement regular de las leyes anticorrupción, y son menos aún aquellos que cuentan con un sitio donde se publican dichas resoluciones. Lo más destacado del caso brasilero es el enforcement permanente de sus normas de RPPJ, acordando sanciones con empresas y mejoras en sus programas de cumplimiento. El decreto reglamentario 11.129 de 2022 facilitó esa tarea.
Brasil publica un comunicado de prensa con los detalles del caso y el acuerdo de colaboración en un sitio oficial, siguiendo el ejemplo del DOJ y las buenas prácticas.9 Destaca además que publican las planillas con el cálculo de la multa, la cual que no recibe suficiente publicidad en otros sistemas. Esto es una buena práctica a imitar por otros países.
En Brasil, hay además varios antecedentes de colaboración con el Departamento de Justicia Norteamericano DOJ para la investigación y sanción de empresas por corrupción.10
Copilot Generated. Modernismo brasilero.
México
Contexto
México, con una población de 130 millones de habitantes, es el país de habla hispana más gravitante y la segunda economía Iberoamericana después de Brasil. México tiene una economía que crece, aunque más lento que en el pasado, con una integración muy fuerte en la economía de los Estados Unidos, que absorbe 75% de sus exportaciones. De todos modos, cuenta con cifras de inversión extranjeras sólidas y muy altas, en gran medida por la relocalización de cadenas de suministros de su vecino del norte (nearshoring/friendshoring).
Normas de RPPJ
El plexo jurídico en México es disperso, con normas que permiten la sanción a la persona jurídica en diferentes secciones. El artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite la responsabilización penal de la persona jurídica en México,11 pero queda en manos de cada estado determinar el catálogo de delitos que puede aplicarse contra la persona jurídica. A su vez, el código penal en sus artículos 11 y 11bis permite la sanción de suspensión o disolución de la persona jurídica cometa un delito empleado los medios de la persona jurídica y a nombre de ella.12 La responsabilidad de la persona jurídica obliga a demostrar un defecto de vigilancia o control interno, dándole gran relevancia al programa de integridad.
A través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 2016 México introduce en paralelo una responsabilización de la persona jurídica por delitos de corrupción de tipo administrativa.13
En noviembre de 2023 la Secretaría de la Función Pública publicó un nuevo “Lineamiento del Padrón y del Distintivo de Integridad Empresarial”14 donde se registran empresas con programas de integridad, similar a la iniciativa del RITE en Argentina.15 Más recientemente en 2024, la SFP publica un modelo de programa de integridad con recomendaciones para su implementación.16 México también entrega un “Distintivo de Integridad Empresarial” a aquellas empresas que contestan un formulario y acreditan sus respuestas.17
Enforcement y Casos
Es muy difícil encontrar casos de sanciones a empresas por casos de corrupción. El capítulo mexicano de Transparency International no detecta casos hasta 2019.18 Un informe de 2021 señala sanciones a 165 empresas por corrupción en procesos licitatorios, mas no por sobornos.19 Cuando se sanciona a una empresa se publica en un portal,20 pero es difícil encontrar comunicados completos o registros de sanciones. México sancionó a Odebrecht por el pago de sobornos, pero luego el tribunal supremo suspendió dichas sanciones y las inhabilitaciones ya vencieron.
Copilot Generated. Cultura Huichol mexicana.
Península Ibérica: España y Portugal
Contexto
Mientras que España tiene una población de casi 50 millones de habitantes y es la 15ava economía del mundo, la de Portugal se acerca a los 11 millones de habitantes y su PBI per cápita es apenas inferior al de España. Lo más relevante para ponerlos en contexto es comprender el lugar que ocupan en el bloque europeo que integran.
Sobre todo, en la UE son percibidos como geográficamente periféricos, la península, el sur, el final del continente. Es difícil apreciar este detalle desde Latinoamérica, donde las distancias entre países son infinitamente más extensas y apenas contamos con los caminos para atravesar el continente. Mientras que en América percibimos a España y Portugal lejos, en otro continente, parte del mundo desarrollado; en Europa los ven como un punto de contacto con el mundo americano, con Brasil e Hispanoamérica.
¿Los desafíos de España tienen algo que ver con la situación en América Latina? Ciertamente, la RPPJ no está mucho más desarrollada en la península que en América. Este es el caso no solo de España y Portugal, sino también de otros países europeos, que si están más avanzados que los países Latinoamericanos en la implementación de la RPPJ, la diferencia no es muy grande.
Sin embargo, la península Ibérica puede verse en el espejo de sus antiguos territorios de ultramar y observar cómo ha evolucionado el tema en jurisdicciones a fines. El rol que juega la justicia en cada sistema institucional es diferente. La tradición institucional latinoamericana de lo que es la ley, un juez, una fiscalía y su interacción con el sistema jurídico, con sus diferencias entre países, mantiene mucho en común con la tradición Ibérica. Casi al mismo tiempo importamos el instituto de la RPPJ y el compliance en diferentes jurisdicciones con culturas similares. Es previsible que enfrentemos desafíos similares.
España
Normas de RPPJ
El conocido artículo 31 bis del código penal español establece la RPPJ. En el sistema español juega un rol central el programa de compliance, en tanto demostrar el defecto de organización es un requisito para la imputación de la persona jurídica. Se suma a esta norma un sistema de protección del denunciante establecido hace un par de años por la ley 02/2023.21
Un detalle importante es que el sistema español incorporó la RPPJ cinco años antes en 2010,22 el cual fue completamente reformado por la norma de 2015.23 Esta evolución anima a reformar la norma en aquellos países donde esta no funciona como fue esperado, a la vez que invita a reflexionar sobre la calidad jurídico doctrinaria de las modificaciones que se introducen. A partir de esta modificación en el código penal que tuvo lugar en 2015, en 2016 la Fiscalía General publica la circular FIS-C-2016-00001 para aplicación de la norma.
Igualmente enriquecedora para la interpretación teórica y aplicación práctica de las leyes de RPPJ, es la jurisprudencia del tribunal superior español, que ha ido evolucionando la materia en cada uno de sus pronunciamientos.24
El hecho de que el marco jurídico español no resulta ajeno y es en gran medida conocido por la mayoría de los especialistas de nuestros países es una muestra de los lazos que aún nos unen.
Enforcement y Casos
Hay algunas dificultades para para rastrear casos de RPPJ en España. No encontramos un registro como en el caso de Brasil o Estados Unidos. Son en cambio los Estudios Jurídicos que individualmente y de manera dispersa hace un esfuerzo por recopilar las sentencias.
Hasta 2020, hay un estudio académico que manifiesta que hubo 64 casos contra personas jurídicas, 42 de los cuales fueron absueltas y 20 condenadas (dos casos trataban cuestiones formales).25 Sin embargo, la mayoría de las condenas son por estafas o defraudación del estado en sus diferentes formas, y casi ninguna o ninguna por soborno, cohecho o corrupción. Algo similar se advierte en este otro registro para un período posterior a 2020.26 Destaca por ejemplo el caso DEFEX de 2023, donde una empresa pública quedó absuelta por irretroactividad de la ley penal, ya que los hechos tuvieron lugar antes de 2015,27 y la sentencia 372/2025 rechazando la objetividad de la RPPJ por los delitos de sus administradores, exigiendo un defecto de organización.28 Muchas de las sentencias excluyen la responsabilidad penal de la persona jurídica. Estas decisiones son esenciales para construir seguridad jurídica en una jurisprudencia clara y una tradición sólida sobre lo que constituye RPPJ y lo que no.
Copilot Generated. Barroco español.
Portugal
Normas de RPPJ
En Portugal, la responsabilidad penal de la persona jurídica está regulada por el artículo 11° desde 2015, que establece los casos en los cuales puede imputarse penalmente a la persona jurídica.29 Luego los artículos 90-99 del mismo código penal definen con mayor precisión las sanciones que se les pueden imponer y las demás características de esta responsabilización.30 El artículo 11° imputa a la persona jurídica determinados delitos cuando son realizados por sujetos con poder de decisión dentro de la organización o cuando fue realizado por un subordinado mediando un déficit en los deberes de vigilancia y control sobre estos.
En paralelo a esta responsabilidad penal, está el RGPC (Regime Geral da Prevenção da Corrupção) reglamentado por el Decreto-Lei n.º 109-E/202131 que traspone la normativa europea de protección al denunciante 2019/1937, obligando a su vez a la implementación de canales de denuncia, una protección al denunciantes y un responsable a cargo. Quedan alcanzadas por dicho régimen todas las empresas con cincuenta trabajadores o más o que facturen al menos diez millones de euros. Las sanciones por no contar con un programa de compliance no son millonarias, pero ascienden a varios miles de euros, pudiendo alcanzar incluso a los directivos.
En 2024 el país sancionó leyes flexibilizando la confiscación de bienes de origen delictivo antes de la sentencia.32 Portugal cuenta con un organismo denominado MENAC (Mecanismo Nacional Anticorrupção) autárquico e independiente de los demás poderes de promoción de la transparencia a fin de garantir la efectividad de las políticas anticorrupción.33 El sitio cuenta con material y recursos útiles para quienes busquen desarrollar programas de cumplimiento.
Enforcement y Casos
En Portugal, hay dos ejes de enforcement a tener en cuenta. En primer lugar están las sanciones penales a personas jurídicas. Al parecer hay casos de aplicación del artículo 11, pero no hay un registro unificado ni he podido recabar información precisa de estos casos. Por otro lado, están las sanciones administrativas por no cumplir los deberes de implementar un canal de denuncias y medidas de protección al denunciante. En este ámbito, 2025 la MENAC ha notificado a 317 entidades públicas por no haber cumplido su deber de registrarse en el RGPC cumpliendo los requisitos del Decreto-Lei n.º 109-E/2021, aunque no pude encontrar sanciones efectivas.34
Copilot Generated. Azulejo portugués.
Colombia
Contexto
Con 53 millones de habitantes, Colombia tiene una población mayor a la Argentina y España, siendo la más grande de habla hispana en Sudamérica. Por otro lado, su economía es la tercera de Sudamérica, después de Brasil y Argentina. Es un país que, conviviendo con una alta tasa de informalidad laboral, cuenta con una economía cada vez más desarrollada que ha crecido a una tasa promedio del 3,5% anual por veinticinco años.
Normas de RPPJ
En 2016 Colombia sancionó la ley 1778 de soborno trasnacional.35 La sanción a la persona jurídica se verifica por vía administrativa a través del órgano de policía. Esto significa que la justicia y el derecho penal no juega un rol en la responsabilización de la persona jurídica.
El artículo 19 de la 1778 dispone la concesión de beneficios a aquellas empresas que colaboren con información y pruebas sobre la inconducta. En marzo de 2024 mediante el decreto 390 el gobierno reglamenta dicho artículo, disponiendo en qué consiste la colaboración, los beneficios de colaborar antes o después de la apertura del procedimiento administrativo.36
Más allá de las sanciones por actos ilícitos, lo más relevante del sistema colombiano es que, a través de una serie de circulares, leyes y decretos, principalmente la circular 100-000011/2021 y la ley 2195/2022, se instrumentó un sistema donde la implementación de programas de cumplimiento es obligatoria.37 Empresas de determinados sectores, aquellas internacionales y las de una determinada envergadura quedan así obligadas a implementar los elementos de un programa de compliance, denominados Programas de Transparencia Ético Empresarial PTEE. La superintendencia de sociedades se encarga de inspeccionar y sanciona activamente a aquellas empresas que no cumplen estos requisitos.
Enforcement y Casos
En lo que hace a la aplicación de la ley, Colombia ha adoptado un enfoque marcadamente más intervencionista, donde el órgano regulador contra la implementación del programa de cumplimiento. Así como en muchos países los sujetos obligados deben acreditar la implementación de un programa PLA/AML, en Colombia muchas empresas deben informar la implementación de un programa de integridad.38 Prescindiendo de un procedimiento judicial y de una coordinación con el aparato de justicia, la inspección e imposición de multas es más ágil.39
Al inicio, Colombia sancionó a más de una empresa por casos de corrupción. Es fácil realizar un seguimiento porque los casos se publican en una página oficial del gobierno.40 Luego de que la implementación de programas de integridad se haya convertido en un requisito obligatorio, desde 2023 el enforcement se concentró en sancionar aquellas empresas que no hayan desplegado correctamente el programa de cumplimiento, más que en la investigación de casos de corrupción.41
Copilot Generated. Modernismo colombiano.
Argentina
Contexto
En Sudamérica, Argentina es el país de habla hispana más extenso y con una economía más desarrollada. Destaca su extensión territorial, pero no debe pasarse por alto que prácticamente la mitad del país vive en Buenos Aires y dos terceras partes si se incluye la pampa húmeda, sin perjuicio de centros urbanos relevantes con sus propias economías regionales. Su población es de casi 46 millones de habitantes
Salvo por algunos períodos de prosperidad, la Argentina es la excepción en un mundo que creció mucho las últimas décadas. Económicamente, Argentina atraviesa una vez más un momento de cambio, con la esperanza de dejar atrás las crisis del pasado y empezar una nueva senda de desarrollo. Si esto se concreta, las inversiones vuelven y el país crece de manera sostenible; la RPPJ debe jugar un papel en construir una economía sobre instituciones sólidas.
Normas de RPPJ
La ley 27.401 a finales de 2017 incorporó la RPPJ a nuestro plexo jurídico.42 Otras leyes ya preveían sanciones administrativas a la persona jurídica en el marco de otros delitos como el lavado de activos o delitos fiscales. La sanción de la 27.401 no estuvo libre de problemas, en la medida que no hay un acuerdo doctrinario sobre su interpretación, especialmente en lo que refiere a su artículo segundo para la imputación de la persona jurídica. Tampoco está claro cómo instrumentalizar la autodenuncia del artículo 9° o la colaboración eficaz del artículo 16.
Hubo intentos por homogeneizar criterios para la interpretación de la 27.401 a nivel judicial.43 El carácter federal del país plantea desafíos a la aplicación de la ley, ya que es la justicia provincial la responsable de investigar delitos de esta complejidad y evaluar el programa de integridad, interpretando y aplicando una ley que presenta tantas incógnitas.
El sistema argentino sí ofrece muchos lineamientos y guidelines para el desarrollo de programas de integridad. Destaca la guía general de la oficina anticorrupción para el desarrollo de programas conforme los artículos 22 y 23 de la ley,44 la guía para el desarrollo de programas en pequeñas y medianas empresas (PyMEs)45 y las herramientas que ofrece el RITE para evaluar programas con cuestionarios que se adaptan al tamaño de la empresa.46 El RITE ofrece a su vez un registro para aquellas empresas que cuentan con un programa de integridad.
Por su parte, los programas de cumplimiento solo son obligatorios para cierto tipo de licitaciones. No hay por tanto una obligación general de implementar elementos de un programa de compliance ni sanciones por su omisión.
Enforcement y Casos
En lo que hace a la aplicación de la ley de RPPJ 27.401, desde su sanción a finales de 2017, la Argentina ha tenido un desempeño muy pobre.47 Apenas se han registrado un par de casos desde la entrada en vigor de la norma.
Unos meses atrás, la justicia evaluó un programa de compliance y lo consideró inexistente, de papel.48 Sin embargo, desde la perspectiva del derecho penal, la resolución no aporta claridad a la interpretación de la 27.401, porque la ley que en ningún momento hace del defecto de organización un requisito para la imputación. A este se suma el caso Securitas, cuya resolución está aún pendiente después de seis años atrás. En este caso la empresa se autodenunció en el marco de un proceso M&A, revelando sobornos a funcionarios y organismos a lo largo y ancho de todo el país.49
Copilot Generated. Estilo costumbrista argentino.
Perú
Contexto
Perú es un país con una población de 35 millones de habitantes y dividido en tres regiones, costa, sierra y selva. La economía del Perú es una en crecimiento que acorta distancia con las de sus vecinos, tanto en términos absolutos como PBI per cápita. En los últimos 25 años ha quintuplicado su PBI y conserva tasas de crecimiento sólidas. Sin embargo, mantiene altas tasas de desigualdad, pobreza e informalidad laboral.
Normas de RPPJ
En Perú, la sanción a las personas jurídicas por corrupción está regulada por la ley 30424 de 2016 adoptando un sistema administrativo. Sin embargo, el sistema está impulsado e implementado por el fuero penal, sus fiscales y jueces. Esta ley fue luego modificada por el decreto ley 1352 de 2017,50 y por varias leyes después de este decreto. Esta ley se encuentra reglamentada en el decreto DS 002-2019-JUSa.51 Hay además publicada una guideline oficial de la SMV para implementar la ley.52 El programa de integridad puede exonerar responsabilidad o disminuir la pena.
Enforcement y Casos
El caso más icónico de sanción a una persona jurídica se da en el marco del caso Odebrecht, en el cual se celebró un acuerdo de colaboración con la empresa.53 Se registra en el Perú un caso de aplicación de la ley de responsabilidad de la persona jurídica en el llamado “Vacunagate”.54 En el ámbito de las contrataciones con el Estado, hay una lista de empresas sancionadas por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE.55 También en el Perú se debate la escasa aplicación de las leyes de sanción a la persona jurídica.
Copilot Generated. Indigenismo pictórico peruano.
Contexto
Chile, con una población de 20 millones, cuenta con una economía que ha crecido mucho las últimas décadas y un PBI per cápita superior al de sus vecinos. Manteniendo tasas de crecimiento relativamente altas, el país tiene una perspectiva favorable para el futuro. Su geografía le confiere peculiares características, mirando al pacífico y muy alejado de las ciudades más grandes del continente, es natural su foco al exterior. La minería juega un papel clave en el país, con un sector de servicios que es cada vez más importante.
Normas de RPPJ
Chile fue el primer país Iberoamericano en sancionar la corrupción en cabeza de la persona jurídica cuando ya en 2009 sanciona la ley 20.393.56 Esta norma fue modificada hace poco en 2023 por la 21.595, ampliando el catálogo de delitos alcanzados por la norma.57 El modelo Chileno de responsabilidad de la persona jurídica es penal, basado en el defecto de organización, que es un requisito para la imputación de la persona jurídica. Esto coloca al programa de integridad, al compliance, en el corazón del modelo de responsabilidad chileno. También cuenta con leyes de sanción a la corrupción entre privados 21.12158 y una ley de protección al denunciante 21.592.59
Enforcement y Casos
En Chile, la ley 20.393 fue aplicada en varias ocasiones contra empresas por casos de corrupción. Es difícil encontrar un registro oficial, pero es posible encontrar listas de casos recopiladas por diferentes sujetos privados.60 Resulta especialmente interesante que el país vecino ha aplicado sanciones penales a las empresas empleando la vía judicial, a su vez que resuelve muchos de los casos al modo anglosajón, con acuerdos de suspensión de procedimiento con la fiscalía introduciendo medidas compensatorias.
Copilot Generated. Impresionismo chileno.
Breve Referencia a otros Países de la Región
Paraguay
El Paraguay es un país de creciente relevancia dentro de la región que durante los últimos diez años ha mantenido cifras de crecimiento relativamente estables por encima del 3%, inflación por debajo del 5% y un déficit fiscal relativamente bajo (quedan excluidos los años de pandemia). Su población es joven y de unos 7 millones de habitantes.
En este auspicioso panorama, el país carece de una ley de RPPJ para casos de corrupción, pero sí es posible la sanción de la persona de existencia ideal en casos de Lavado de Activos. Doctrinarios locales abogan por las modificaciones legislativas necesarias que hagan posible la sanción de las personas jurídicas por delitos de corrupción.
Uruguay
Uruguay puede considerarse el país más desarrollado y estable de la región, con una población de 3,3 millones de habitantes. Sus cifras macroeconómicas son sólidas, con alta estabilidad, un alto índice de desarrollo humano y el PBI per cápita más alto de la región.
La llamada “Ley de Responsabilidad Penal Empresarial” tiene un objeto distinto al que su título sugiere, enfocado en la seguridad laboral, al sancionar con penas de prisión a los directores de empresas que omitan las medidas de cuidado sobre los empleados poniendo en riesgo su vida, salud o integridad. Hubo proyectos para legislar la RPPJ en casos de daño ambiental, pero hasta ahora carece de una ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. La JUTEP, un órgano administrativo sin sancionatoria pero encargado de investigar la ética empresarial, tiene un atraso de 400 denuncias.61
Bolivia
Luego varios años con tasas de crecimiento elevadas, el país atraviesa una severa crisis económica e institucional. La ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción incorporó la RPPJ al plexo jurídico boliviano en el 2021, modificando el código penal.62 El artículo 5° bis desarrolla los requisitos de imputación que a grandes rasgos exige el beneficio o interés de la persona jurídica y la comisión del delito por sus representantes, mandato ratificado posteriormente así sea de forma tácita o la actuación bajo la dirección o supervisión de los representantes de la empresa. Otros artículos incorporan guías para la aplicación de la ley, como circunstancias agravantes, atenuantes y su autonomía con respecto a la sanción de la persona física. Esta ley no ha sido aplicada aún ya que no se registran casos de sanción a personas jurídicas en virtud de la misma.
Panamá
Panamá es el cordón umbilical que une las dos América y dos océanos a través del Canal de Panamá. 4 millones de americanos habitan el territorio, con una economía estable, una alta tasa de crecimiento, una economía basada en servicios y una regulación muy favorable a los negocios. Por otro lado, el país sufre una alta desigualdad y un creciente costo de vida.
El artículo 51 del código penal panameño habilita la RPPJ cuando la empresa fue creada o utilizada para cometer un delito.63 A primera vista, se advierte que la descripción del artículo es sumamente amplia. La fiscalía ha publicado una guía para interpretar un tipo penal que carece de definiciones claras.64 A partir de este material se entiende que es posible sancionar a la persona jurídica por cualquier delito, pero es necesaria una conexión con la actividad de la persona jurídica.65 También requiere la doctrina un defecto organizacional, aunque esto último no se desprende del artículo. Luego el artículo 97 del Código de Procedimientos establece el modo de proceder cuando se imputa una persona jurídica.66 Las sanciones serán proporcionales al beneficio obtenido. Panamá cuenta con un caso emblemático de aplicación de la ley en el caso Odebrecht, que está en proceso de reclamo por las autoridades de ese país.67 Fuera de este caso, se desconocen otras multas contra personas jurídicas y se advierte una resistencia a la aplicación de la ley, tal y como sucede en otros países de la región.
Conclusión
Dentro de un bloque con una tradición jurídica similar, la importación de un instituto del compliance y la responsabilización de la persona jurídica ha tenido formas diferentes. Cada país a incorporado la norma a su modo y el estudio de los diferentes casos nos ofrece un rico abanico de experiencias, algunas más exitosas que otras. Es necesario contribuir a un estudio cruzado de los casos que ayude a avanzar la materia en nuestros países. Conocer la legislación, doctrina, prácticas judiciales y resoluciones de países hermanos, nos ayudará a desarrollar mejores prácticas en el propio.
Disclaimer
Por favor lea el descargo de responsabilidad68 .
Referencias
1 https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/fcpa-resource-guide.
2 https://www.ussc.gov/guidelines/guidelines-archive/annotated-2023-chapter-8.
3 https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/page/file/937501/dl?inline=.
4 www.gobernabilidadytransparencia.com/2023/12/05/el-motor-que-empuja-al-compliance-todas-las-democracias-liberales-debemos-compartir-esta-responsabilidad/; https://www.gobernabilidadytransparencia.com/2024/08/14/se-acata-pero-no-se-cumple/;
5 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm.
6 Decreto 11.129/2022 de Brasil, reglamentando la RPPJ y la evaluación de los programas de integridadhttps://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11129.htm.
7 https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf.
8 https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual-pratico-integridade-par.pdf.
9 https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/integridade-privada/acordo-leniencia/acordos-celebrados.
10 https://www.justice.gov/opa/pr/honeywell-uop-pay-over-160-million-resolve-foreign-bribery-investigations-us-and-brazil; https://www.justice.gov/opa/pr/stericycle-agrees-pay-over-84-million-coordinated-foreign-bribery-resolution; https://www.justice.gov/opa/pr/vitol-inc-agrees-pay-over-135-million-resolve-foreign-bribery-case.
11 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241150/5-_CAP_TULO_II.pdf.
12 https://www.conceptosjuridicos.com/mx/codigo-penal-articulo-11/.
13 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/691748/LGRA.pdf.
14 https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/sfp-pone-en-operacion-nueva-plataforma-para-el-registro-en-el-padron-de-integridad-empresarial; https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/secretaria-de-la-funcion-publica-emite-lineamientos-del-padron-y-del-distintivo-de-integridad-empresarial; https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5670892&fecha=09/11/2022#gs&gsc.tab=0.
15 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873113/2023.11.27._Modelo_PIE.pdf; https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/sfp-publica-modelo-de-politica-de-integridad-empresarial.
17 https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/sfp-pone-en-marcha-el-distintivo-de-integridad-empresarial?idiom=es.
18 https://drive.google.com/file/d/1sbpcfoPSUv7GY-1ZAwkAJZDPVsfGhIT8/view.
19 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/13/politica/se-multo-a-165-empresas-por-corrupcion-en-licitaciones-y-obras-sfp/.
20 https://www.gob.mx/buengobierno/es/archivo/prensa?idiom=es&order=DESC&page=1.
21 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513.
22 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9953.
23 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3439.
24 https://corujojimenezabogados.com/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/
25 https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/VJ/70%20(2021)/82569129014/.
26 https://bufeteosuna.es/resoluciones-responsabilidad-penal-persona-juridica-y-modelos-compliance/.
27 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-confirma-la-absolucion-de-DEFEX-por-las-adjudicaciones-en-Camerun-y-la-pena-de-dos-anos-a-su-exdirector-comercial.
28 https://www.worldcomplianceassociation.com/5045/noticia-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-en-la-sts-3722025.html.
29 https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-176314967.
30 https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-176314970.
31 https://mec-anticorrupcao.pt/faq/regime-geral-de-prevencao-da-corrupcao/.
32 https://www.reuters.com/world/europe/portugal-tightens-anti-corruption-rules-confiscate-assets-2024-06-20/.
33 https://mec-anticorrupcao.pt/faq/estatuto-do-menac/.
34 https://mec-anticorrupcao.pt/menac-notifica-317-entidades-publicas-no-ambito-das-obrigacoes-do-rgpc/.
35 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=67542.
36 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=237255.
37 https://www.supersociedades.gov.co/documents/80312/6646217/Circular-Externa-100-000011-de-09-08-2021.pdf; https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606; https://cms.law/es/col/publication/la-estricta-politica-de-supervision-y-sancion-de-la-supersociedades-respecto-del-sagrilaft-y-el-ptee.
38 https://www.deloitte.com/latam/es/services/legal/perspectives/informe-75.html.
39 https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2024/04/aumentan-las-sanciones-por-incumplimiento-del-sagrilaft.
40 https://www.supersociedades.gov.co/en/web/asuntos-economicos-societarios/decisiones-en-firme-gst.
41 https://www.supersociedades.gov.co/en/web/asuntos-economicos-societarios/resoluciones-sagrilaft-ptee
42 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27401-296846/texto.
43 https://www.mpfchubut.gov.ar/images/pdf/guia-implementacion-ley-27401.pdf.
44 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_para_la_implementacion.pdf.
45 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_pymes.pdf.
47 Alconada Mon, Cinco años después, la ley que penaliza a las empresas por sus prácticas corruptas registra cero condenas, La Nación, 13/11/2022, https://www.lanacion.com.ar/politica/cinco-anos-despues-la-ley-que-penaliza-a-las-empresas-por-sus-practicas-corruptas-registra-cero-nid13112022/.
48 https://www.gobernabilidadytransparencia.com/2025/06/04/la-responsabilidad-penal-de-la-persona-juridica-y-la-evaluacion-del-programa-de-compliance-a-la-luz-de-los-ultimos-pronunciamientos-judiciales/.
49 https://www.csjn.gov.ar/archivo-cij/nota-39052-Securitas--Casaci-n-Federal-ratific--a-la-jueza-federal-Arroyo-Salgado-en-la-tramitaci-n-de-la-causa.html.
50 https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01352.pdf.
51 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/523569/reglamento-de-la-ley-n-30424.pdf.pdf?v=1581955249.
52 https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/LineamientosParaImplementacionMPD_old.pdf.
53 https://www.gob.pe/institucion/procuraduria/noticias/651383-lava-jato-fiscalia-y-procuraduria-firman-acuerdo-final-de-colaboracion-eficaz-con-empresa-aenza; https://www.proetica.org.pe/casos-emblematicos/caso-lava-jato/.
54 https://elcomercio.pe/politica/actualidad/procuraduria-ad-hoc-del-caso-lava-jato-expuso-sobre-avances-anticorrupcion-transnacional-ante-la-ocde-ultimas-noticia/#google_vignette.
55 https://datosabiertos.gob.pe/dataset/proveedores-sancionados-con-inhabilitaci%C3%B3n-vigente-organismo-supervisor-de-las.
56 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008668.
57 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195119&idParte=10449671.
58 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1125600.
59 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195215
60 https://gestiondecumplimiento.cl/casos-de-aplicacion-ley-20-393-de-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/; https://prelafit.cl/casos-de-aplicacion-de-la-ley-20-393-en-chile/.
61 https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_30082021758f.pdf.
62 https://www.licen.ai/articulos/articulo-51-codigo-penal-g2j579.
63 https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-para-la-atribuci%C3%B3n-de-Responsabilidad-de-Personas-Juridicas.pdf.
64 https://revistas.usc.gal/index.php/epc/article/view/9015.
65 https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_pan_ley63.pdf
66 https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/declaran-incumplimiento-de-pago-de-multa-de-constructoras-odebrecht-correspondiente-al-ano-2023; https://www.reuters.com/article/world/americas/panam-demandar-a-odebrecht-por-incumplimiento-de-pagos-de-millonaria-multa-idUSKBN29D32M/.
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