Las aduanas en todo el mundo parecen ser una fuente inagotable de casos de corrupción. No sorprende que la lista de publicaciones académicas y no-académicas con descripciones y propuestas de mejora es larga (un interesante resumen con mucha bibliografía se encuentra en este paper).
Algo como la constitución de los esfuerzos de mejora es la revisada Declaración de Arusha con su marco global para la lucha contra la corrupción en las aduanas y para incrementar el nivel de integridad de los funcionarios aduaneros (World Customs Organization WCO, 2003, 2014 ver aquí).
Más allá de la actualización de los marcos legales, la simplificación de procesos y su automatización se propusieron a lo largo de los años otras medidas que fueron implementados en algunos países. Los resultados lamentablemente son a lo sumo mixtos: La privatización de la aduana (no demostró buenos resultados ya que los privados demostraon similares niveles de corrupción), la inspección pre-embarque (no ayuda), el incremento de salarios de los funcionarios de la aduana (no ayuda tampoco y trae problemas para la estructura de ingresos en la administración pública).
Hay algunos pocos casos donde iniciativas mostraron mejoras: En dos países (Ruanda y Georgia) gobiernos nuevos sin ataduras a las redes del gobierno anterior, introdujeron reformas más abarcativas que incluyeron la aduana, poniendo atención en las causas políticas y sociales de la corrupción y en medidas técnicas. Muy similar a lo que empresas conocen como elementos esenciales para el éxito de su programa de compliance, empezaron a mandar una clara señal de anticorrupción desde arriba, crearon una cultura de integridad y transparencia, y crearon mecanismos para la simplificación de procesos y un adecuado nivel de controles.
Chile, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia incluyeron la gestión de calidad en sus estrategias de integridad. Invirtieron en la estandarización de procesos operativos y en auditoria interna para asegurar consistencia y calidad del servicio, limitaron la discrecionalidad y aclararon la responsabilidad de los funcionarios.
En el Uruguay, la Administración de la Aduana modernizó a partir del 2010 su sistema aduanero aumentando el nivel de automatización de los procesos e incorporando tecnología. La ventanilla única de comercio exterior es un ejemplo frecuentemente citado.
Uno de los aspectos más destacados fue la cooperación con el sector privado y los despachantes de aduanas para abordar la integridad: La Administración de Aduanas aplicó una estrategia de comunicación (con campañas públicas y política de puertas abiertas para difundir información y concientizar sobre el funcionamiento de las aduanas); elaboró un Código de Ética y Conducta, y mecanismos para denunciar violaciones de la integridad.
Además, firmó 11 acuerdos de integridad con asociaciones y representantes del sector privado, haciendo explícitos los comportamientos esperados y el compromiso con un conjunto de valores.
La Administración de Aduanas realizó periódicamente encuestas anónimas de percepción sobre la calidad de servicios prestados por la administración, la percepción de la integridad y la reputación de la Aduana entre las empresas y despachantes.
Todos estos ejemplos demuestran que no hay una solución simple ni una medida que sirve para todos los países. Se trata de un proceso largo, con muchos elementos culturales, políticos e historia que varían de país a país.
Según la OCDE las estrategias de reforma no deben limitarse a las aduanas sino realizarse en un contexto más amplio construyendo integridad a través de una mejor aplicación de la legislación anticorrupción, de mejores controles y de esfuerzos dirigidos a la administración de aduanas y al sector privado acá.
Este panorama deja a las empresas con el riesgo de corrupción en la Aduana por ahora bastante solas.
Pagar sobornos solicitados no es la solución. Por más que la racionalización parece en algunos casos fácil (p.ej. en casos de productos perecederos, o productos médicos necesitados con urgencia, o productos textiles de temporada que requieren un despacho a tiempo y que son extorsivos).
Esconderse atrás del despachante de aduana tampoco funciona. Con el due diligence del despachante más básico, requerido por los estándares de compliance en la cadena de valor, el tema sale a la luz. Sería como mínimo un caso de “ceguera motivada” que no libera a la empresa de la responsabilidad por pagos de sobornos a través del despachante.
Además, pretender que se ensucie las manos el despachante para mantener la propia “inocencia” no es una buena señal de la integridad declamada en todo código de conducta.
Hay otras medidas para mitigar los riesgos de corrupción en la aduana:
- Como solicitaciones de soborno muchas veces se basan en errores pequeños y/o formales en la documentación, empresas y despachantes deben procurar que no ocurran, mejorando los procesos de elaboración de la documentación y perfeccionando sus controles. Es costoso, pero dinero bien invertido.
- Empresas con un volumen de negocio exterior grande pueden realizar las tramitaciones aduaneras “inhouse” para tener un mayor control sobre esta operación. Si esto no es viable, hay que mantener controles estrictos sobre los despachantes, exigir procesos y sistemas de compliance anticorrupción adecuados y ejercer auditorias.
- Escalar casos concretos al máximo nivel posible dentro de la Administración Pública, no solo para intentar de resolver los casos concretos, sino para ganarse la reputación de ser una empresa que no solo no paga sobornos (incluyendo pagos de facilitación), sino que causa incomodidad ante esta clase de solicitudes.
- Denunciar casos en la Justicia y/o en los medios, si existen pruebas (que muchas veces escasean).
- Iniciar una Acción Colectiva entre un grupo de empresas y/o despachantes. Una Acción Colectiva da mayor fuerza a las acciones individuales frente a la aduana, promociona una competencia leal entre los despachantes y posibilita el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Además, demuestra el compromiso de las empresas con la integridad a socios, competidores y clientes.
