El “Corruption Perceptions Index 2017” de Transparencia Internacional (ver acá) ofrece algunas fuertes lecciones indirectas:
Según Transparencia Internacional, los países (otra vez) no avanzan en la lucha contra la corrupción. También en 2017, casi el 70% de los países sufren de corrupción endémica: no alcanzan los 50 puntos (en una escala de 100 como libre de corrupción a 1 por muy corrupto).
La posición de Argentina mejoró significativamente: obtuvo con 39 puntos sobre 100 el mejor puntaje desde hace muchos años y subió de la posición 95 a 85, posicionándose en un lugar mejor que Brasil, Perú y Colombia (quienes comparten la posición 96 con 37 puntos) y superando por lejos a México (posición 135 con 29 puntos). Lidera la tabla en América Latina otra vez Uruguay, a pesar de haber obtenido un peor puntaje que en años anteriores, quedó con 70 puntos, No. 23 y mejor ubicado que Chile (67 puntos, No. 26). Última en la región y sin sorpresa, es Venezuela (18 puntos y No. 169 en el ranking de 180 países).
Visto así, parece una competencia deportiva. No lo es. No es solo que los países no compiten pero los resultados no son exactos ni mucho menos. Por razones obvias, nadie conoce el nivel exacto de corrupción en un país. No hay estadísticas en este tema, y las percepciones son solo apreciaciones: una suerte de acercamiento a lo que se supone puede asemejarse a la realidad. A pesar de los muchos cuestionamientos al método utilizado por Transparencia Internacional, aún es un valioso termómetro que da un rango de aproximación y tendencias en materia de corrupción.
Teniendo en cuenta que los puntajes por debajo de 50 significan corrupción endémica, en todos los países de la región con la excepción del Uruguay y de Chile, les queda un largo camino a recorrer para alcanzar niveles menos inaceptables de corrupción. Con la sanción de nuevas leyes anti-corrupción, varios países de Sudamérica están avanzando fuertemente en la incorporación de regulaciones requeridos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ver acá) y la Convención contra el Soborno de la OCDE (ver acá). Sin embargo, los resultados del Corruption Perception Index (“CPI”) demuestran (otra vez) que las normas no alcanzan para mejorar la situación: los países del G20 y a pesar de disponer de todas las regulaciones requeridas implementadas alcanzan en promedio sólo 54 puntos. El 53% no llega ni a los 50 puntos y varios países de la OCDE demuestran un estado lamentable (especialmente México con solo 29 puntos en la posición 135).
Mirando los países que año tras año se ubican en los puntajes más altos (Nueva Zelandia y los países escandinavos) no se observan más regulaciones o regulaciones más estrictas o “mejores”. Tampoco se observa algún cambio importante en las regulaciones en aquellos países que en los últimos 5 años mejoraron sus puntajes fuertemente (Gran Bretaña mejoró en 8 puntos, Grecia en 12 puntos, Bielorrusia en 13).
Una vez implementadas las regulaciones básicas, habrá que mirar a otros aspectos, no legales que demuestran una correlación con niveles bajos de corrupción. Son claves entre otros temas, especialmente:
a. Inclusión social. El gráfico abajo demuestra una alta correlación entre inclusión social y niveles de corrupción. Parece que las políticas tendientes a alcanzar una mayor inclusión social tienen mayor impacto sobre el nivel de corrupción que las regulaciones. Además, tienen un importante lado político, hoy más relevante que nunca. Sobre este punto, hay una interesante nota de Finn Heinrich sobre la interdependencia entre desigualdad, corrupción y populismo (ver acá). La fuerte correlación entre desigualdad social y niveles de corrupción crea un círculo vicioso entre corrupción, desigual distribución de poder y una distribución de la riqueza en la sociedad divergente que fomenta tendencias populistas.
b. Los modelos de integridad para cambiar la actitud de los ciudadanos hacia la corrupción. En otras palabras: un cambio cultural. Es un tema de liderazgo y consistencia en los sistemas de incentivos (negativos y positivos). Esto es más fácil de escribir que de hacer. Empieza con el liderazgo con el ejemplo, la consistencia entre lo declamado y lo hecho e instituciones cuyo funcionamiento efectivo sea creíble.
c. Libertad de prensa: seguridad para los periodistas y una mayor participación de la sociedad civil en la observación y el control gubernamental de este tema. En el análisis del CPI, Transparencia Internacional señala que los países con menor protección de la prensa y de ONGs tienden a tener los peores niveles de corrupción.
Instituciones efectivas, liderazgo con ejemplo visible, inclusión social y libertad de prensa son los ingredientes para un cocktail anti-corrupción exitoso.
