El dinero de un soborno no desaparece cuando cambia de manos. Necesita una cuenta, una sociedad, un intermediario y, con frecuencia, una jurisdicción capaz de volver opaco su recorrido. Lo mismo ocurre con las ganancias del narcotráfico, la evasión tributaria, la trata de personas o los delitos ambientales. Las fuentes son diferentes; la infraestructura utilizada para ocultarlas suele ser la misma.

Esta constatación obliga a revisar una separación profundamente arraigada. La prevención del lavado de activos, la lucha contra la corrupción, la transparencia societaria y el compliance se han desarrollado como disciplinas paralelas, con sus propias instituciones, lenguajes y comunidades profesionales. Pero todas convergen en una pregunta común: ¿puede el sistema impedir que los recursos de origen ilícito se transformen en poder económico, influencia política o capacidad para capturar instituciones?

La Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI ofrece una base excepcional para abordar esa pregunta. Construir reglas no equivale a producir resultados. Los Estados han avanzado considerablemente en la adopción formal de estándares internacionales, pero continúan encontrando serias dificultades para convertirlos en prevención, detección, sanciones y recuperación efectiva de activos. La integridad financiera aparece así como un marco común para comprender los riesgos, evaluar la efectividad de las instituciones y evitar que los recursos ilícitos se transformen en poder real.

Imagen: Midjourney.

Por Diego Miguel Gamba.

Diego Miguel Gamba es abogado y magíster en Derecho y Economía por la Universidad de Buenos Aires. Docente universitario e investigador especializado en integridad financiera, prevención del lavado de activos y regulación financiera internacional. Desde hace más de veinte años participa en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y marcos regulatorios vinculados con estas materias.

Introducción

La prevención del lavado de activos suele ser concebida como un ámbito altamente especializado, reservado a reguladores financieros, unidades de inteligencia financiera, supervisores y especialistas en criminalidad económica. La lucha contra la corrupción, en cambio, suele desarrollarse en un espacio diferente, más próximo a la transparencia pública, la ética institucional, la rendición de cuentas y la calidad del gobierno. A ello se suman el compliance, la transparencia societaria o la lucha contra la evasión fiscal, que habitualmente evolucionan como agendas autónomas, con sus propios conceptos, instituciones y ámbitos profesionales.

Sin embargo, esa separación resulta cada vez más difícil de sostener. Los recursos provenientes de la corrupción, del crimen organizado, de la evasión tributaria, del tráfico ilícito, o de los delitos ambientales comparten una característica esencial: todos necesitan ingresar, circular o permanecer dentro del sistema financiero internacional sin despertar sospechas. Para ello utilizan mecanismos similares de ocultamiento, estructuras societarias opacas, beneficiarios finales difíciles de identificar y jurisdicciones y redes financieras que facilitan la movilidad transnacional de capitales ilícitos.

Desde esta perspectiva, el lavado de activos deja de ser un fenómeno aislado para convertirse en uno de los principales mecanismos mediante los cuales los flujos financieros ilícitos adquieren apariencia de legalidad y logran integrarse a la economía formal. Comprender cómo opera ese proceso permite advertir que la prevención del lavado de activos, la lucha contra la corrupción, la transparencia y el compliance persiguen, en realidad, un objetivo común: proteger la integridad financiera e institucional frente a la circulación de recursos de origen ilícito.

Las reflexiones que se presentan en este artículo sintetizan algunas de las principales conclusiones de mi libro La cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI: análisis crítico sobre riesgos, transparencia e igualdad en el sistema ALA/CFT/CFPADM, recientemente publicado por el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires, con el propósito de destacar aquellos hallazgos que, por su alcance, pueden resultar de especial interés para quienes investigan y trabajan en transparencia, integridad institucional, lucha contra la corrupción y compliance.

Más allá del régimen ALA/CFT

Durante las últimas tres décadas, el régimen internacional de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFPADM) ha experimentado una profunda transformación. Lo que comenzó como un conjunto de estándares orientados principalmente a fortalecer la regulación financiera evolucionó progresivamente hacia un modelo que procura evaluar la capacidad real de los Estados para identificar riesgos, coordinar instituciones y obtener resultados efectivos frente a los flujos financieros ilícitos.

La culminación de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI constituye un punto de inflexión en ese proceso. Por primera vez, la totalidad de las jurisdicciones que integran la Red Global del GAFI fue evaluada mediante una metodología que combina el análisis del cumplimiento técnico de los estándares internacionales con la evaluación de su efectividad. La conclusión de este ciclo ofrece una base empírica excepcional para analizar comparativamente cómo los distintos Estados organizan sus sistemas de prevención, cuáles son sus fortalezas y debilidades y qué capacidades institucionales resultan determinantes para proteger la integridad financiera.

Uno de los principales hallazgos que surge de ese análisis es que la capacidad de un Estado para proteger la integridad financiera no depende únicamente de la calidad de su legislación ni del grado de alineamiento formal con los estándares internacionales. También exige comprender adecuadamente los riesgos, construir instituciones capaces de coordinarlos, supervisar eficazmente a los actores privados, garantizar niveles adecuados de transparencia y cooperar con otras jurisdicciones. En otras palabras, la efectividad del sistema depende de la existencia de reglas pero, sobre todo, de la capacidad para convertirlas en resultados verificables.

Esta conclusión trasciende el ámbito específico del régimen ALA/CFT/CFPADM. Las mismas capacidades institucionales que permiten prevenir el lavado de activos inciden también en la eficacia de las políticas anticorrupción, en los programas de compliance, en los sistemas de transparencia y, en términos más generales, en la protección de la integridad de las instituciones. Por ello, la experiencia acumulada durante la Cuarta Ronda no sólo resulta relevante para los especialistas en prevención del lavado de activos, sino también para quienes buscan comprender cómo fortalecer las políticas públicas destinadas a enfrentar la criminalidad económica en un sistema financiero internacional cada vez más complejo e interdependiente.

La Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: una oportunidad para repensar la integridad financiera

La conclusión de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI marca un momento singular en la evolución del régimen internacional ALA/CFT/CFPADM. Durante más de una década, la totalidad de las jurisdicciones que integran la Red Global del GAFI fue evaluada mediante una metodología común, que examinó -como se adelantó- no sólo la adecuación de sus marcos normativos, sino también su capacidad para producir resultados efectivos frente a los riesgos que enfrentan.

La incorporación de la efectividad como dimensión central de la evaluación modificó profundamente la lógica del sistema. Hasta entonces, el énfasis había estado puesto, principalmente, en verificar la incorporación formal de los estándares internacionales al ordenamiento jurídico de cada país. La Cuarta Ronda desplazó el foco hacia una pregunta más exigente: si esas normas, instituciones y políticas públicas lograban realmente prevenir el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero, detectar operaciones sospechosas, desarticular organizaciones criminales y proteger la integridad del sistema económico.

Este cambio metodológico transformó la naturaleza de la información disponible. La conclusión del ciclo permite observar, por primera vez a escala global, cómo distintos Estados enfrentan estos desafíos con capacidades institucionales muy diferentes. Más allá de las calificaciones individuales, las evaluaciones constituyen una fuente excepcional para identificar patrones comunes, tendencias, fortalezas, debilidades y asimetrías en la implementación del régimen.

Desde esta perspectiva, la Cuarta Ronda puede entenderse como un verdadero laboratorio de políticas públicas. Su valor no reside únicamente en calificar el desempeño de cada jurisdicción, sino en ofrecer evidencia comparada sobre las condiciones que favorecen —o limitan— la efectividad de los sistemas nacionales de prevención. La información acumulada permite analizar cuestiones que exceden ampliamente el ámbito del GAFI: cómo se construyen las capacidades institucionales, de qué manera se distribuyen los riesgos dentro del sistema financiero internacional, cuáles son los principales obstáculos para implementar políticas complejas y qué factores explican la distancia entre el diseño normativo y los resultados obtenidos.

Uno de los aportes metodológicos de la investigación consistió precisamente en aprovechar esa riqueza empírica para observar el sistema en su conjunto, en lugar de analizar aisladamente el desempeño de una jurisdicción. Con ese propósito, las calificaciones previstas por la metodología del GAFI fueron complementadas mediante una clasificación binaria de los resultados —favorables y desfavorables— aplicada tanto al cumplimiento técnico como a la efectividad. Este criterio no reemplaza las categorías originales del GAFI, sino que facilita la comparación entre jurisdicciones en aspectos que permanecen ocultos cuando las evaluaciones se examinan de forma individual.

Mirada desde esta perspectiva, la Cuarta Ronda deja de ser únicamente un proceso de evaluación internacional para convertirse en una oportunidad excepcional para comprender cómo funciona el régimen global de protección de la integridad financiera. Y, precisamente porque la evidencia acumulada trasciende el ámbito especializado del ALA/CFT/CFPADM, sus principales hallazgos resultan igualmente relevantes para quienes trabajan en transparencia, lucha contra la corrupción, compliance y fortalecimiento institucional.

El principal hallazgo: la brecha entre cumplimiento y efectividad

La principal enseñanza que deja la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas es que existe una diferencia sustancial entre construir un sistema conforme a los estándares internacionales y lograr que ese sistema produzca resultados efectivos. Dicho de otro modo, el cumplimiento técnico constituye una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para proteger la integridad financiera.

Esta distinción representa uno de los cambios conceptuales más importantes introducidos por la metodología del GAFI. Mientras el cumplimiento técnico evalúa el grado de adecuación del marco normativo e institucional a las cuarenta Recomendaciones, la efectividad procura responder una pregunta diferente: si ese conjunto de normas, instituciones y políticas públicas logra realmente prevenir el lavado de activos e impedir el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El análisis comparado de las evaluaciones mutuas muestra que ambas dimensiones evolucionan de manera muy distinta. A nivel global, el grado de cumplimiento técnico alcanzado por las jurisdicciones resulta significativamente superior al nivel de efectividad observado. En otras palabras, numerosos países han logrado construir marcos regulatorios razonablemente alineados con los estándares internacionales, pero encuentran muchas más dificultades para traducir esas reglas en resultados concretos.

Esta constatación invita a revisar la forma en que tradicionalmente se evalúan las políticas públicas. Con frecuencia, el éxito de una reforma se mide por la aprobación de nuevas leyes, la creación de organismos especializados o la adopción de estándares internacionales. Sin embargo, la experiencia acumulada por el régimen ALA/CFT demuestra que estos avances, aunque indispensables, no garantizan por sí mismos una mejora efectiva de la capacidad estatal para enfrentar problemas complejos.

La efectividad depende de factores mucho más amplios. Requiere que los Estados comprendan adecuadamente los riesgos que enfrentan, coordinen las instituciones competentes, asignen recursos suficientes, supervisen eficazmente a los actores privados, generen incentivos adecuados para el cumplimiento y desarrollen mecanismos de cooperación nacional e internacional capaces de responder a la naturaleza transnacional de los flujos financieros ilícitos. En definitiva, supone transformar estructuras normativas en capacidades institucionales.

Precisamente por ello, la brecha entre cumplimiento y efectividad trasciende el régimen internacional ALA/CFT/CFPADM. Se trata de un desafío común a numerosas políticas públicas orientadas a fortalecer la integridad institucional. La lucha contra la corrupción ofrece un ejemplo evidente. La existencia de leyes de acceso a la información, registros de declaraciones patrimoniales, normas sobre conflictos de intereses o sistemas de contratación pública transparentes constituye un avance importante, pero su impacto dependerá siempre de la capacidad de las instituciones para implementarlas, supervisarlas y hacerlas cumplir de manera efectiva.

Desde esta perspectiva, la principal contribución de la Cuarta Ronda no consiste únicamente en haber incorporado la efectividad como criterio de evaluación. Su aporte más profundo radica en haber desplazado el centro del análisis desde las normas hacia las capacidades institucionales. La pregunta relevante deja de ser únicamente si un país cumple formalmente con los estándares internacionales y pasa a ser si dispone de las condiciones necesarias para prevenir, detectar y responder eficazmente a los riesgos que -verdaderamente- enfrenta.

¿Qué aporta esta mirada a la agenda anticorrupción?

La evidencia acumulada permite comprender que la prevención del lavado de activos y la lucha contra la corrupción no constituyen políticas independientes, sino respuestas complementarias frente a un mismo fenómeno..

Tradicionalmente, ambas agendas han evolucionado por caminos paralelos. Las políticas anticorrupción se han concentrado en prevenir y sancionar el abuso del poder público, fortalecer la transparencia, regular los conflictos de intereses y promover mecanismos de rendición de cuentas. El régimen ALA/CFT, por su parte, ha puesto el acento en impedir que los recursos provenientes del delito ingresen al sistema financiero mediante controles preventivos, obligaciones de debida diligencia, supervisión y cooperación internacional.

Sin embargo, estas diferencias responden más al punto de partida que al objetivo perseguido. La corrupción necesita mecanismos que permitan ocultar el origen y el destino de los recursos obtenidos ilícitamente. El lavado de activos proporciona precisamente esos mecanismos. Al mismo tiempo, la existencia de circuitos financieros capaces de absorber y reciclar esos recursos reduce los riesgos asociados a la corrupción, incrementa sus beneficios esperados y favorece la consolidación de redes ilícitas. Ambos fenómenos se retroalimentan y producen consecuencias que exceden ampliamente el ámbito penal: erosionan la confianza pública, distorsionan la competencia económica, debilitan el Estado de Derecho y deterioran la calidad de las instituciones.

Esta conexión se aprecia con especial claridad en uno de los ámbitos donde la Cuarta Ronda identifica mayores debilidades: la transparencia de las personas y estructuras jurídicas y de sus beneficiarios finales. La opacidad facilita los conflictos de intereses, el ocultamiento patrimonial, el pago de sobornos, la apropiación indebida de recursos públicos y múltiples modalidades de criminalidad económica. Al mismo tiempo, limita la capacidad de las autoridades para reconstruir el recorrido del dinero, identificar a los verdaderos responsables y recuperar los activos de origen ilícito. También dificulta notablemente el cumplimiento de las sanciones financieras dispuestas por la Organización de las Naciones Unidas en materia de Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. No se trata, por lo tanto, de un problema exclusivamente vinculado con el lavado de activos, sino de uno de los principales desafíos compartidos por las políticas contemporáneas de transparencia y anticorrupción.

La misma lógica puede observarse respecto de los flujos financieros ilícitos. Estos comprenden recursos provenientes de múltiples actividades —como la corrupción, la delincuencia organizada, el comercio ilícito, la trata de personas, los delitos tributarios, el tráfico de drogas o los delitos ambientales, entre otros— que, pese a su diversidad, comparten una característica común: requieren mecanismos que permitan ocultar su origen, su titularidad o su destino para circular a través del sistema financiero internacional. En este contexto, las guaridas fiscales, los centros financieros internacionales con elevados niveles de opacidad y determinadas estructuras societarias complejas adquieren una relevancia estratégica, ya que facilitan la movilidad transnacional de esos recursos y dificultan su detección, investigación y recuperación.

Desde esta perspectiva, el “Objetivo de Alto Nivel” del régimen ALA/CFT/CFPADM adquiere una importancia que trasciende el ámbito financiero. Preservar la integridad financiera significa impedir que la riqueza obtenida mediante actividades ilícitas pueda transformarse en poder económico, influencia política o capacidad para capturar instituciones públicas y privadas. Bajo esta mirada, la prevención del lavado de activos deja de ser una política sectorial para convertirse en un componente esencial de las estrategias contemporáneas de transparencia, integridad institucional, anticorrupción y compliance.

La principal enseñanza que ofrece la Cuarta Ronda consiste, precisamente, en mostrar que estos objetivos no pueden alcanzarse de manera aislada. La eficacia de las políticas anticorrupción depende también de la existencia de sistemas eficaces ALA/CFT/CFPADM; del mismo modo, la efectividad de este régimen requiere instituciones transparentes, organismos de control independientes, una adecuada cooperación internacional y una comprensión integral de los riesgos que generan los flujos financieros ilícitos. Si quienes producen, canalizan y aprovechan esos flujos operan sin distinguir entre narcotráfico, corrupción, lavado de activos, evasión tributaria, u otros delitos, tampoco las políticas públicas, los marcos regulatorios ni las disciplinas que buscan prevenir, detectar y neutralizar estos fenómenos deberían permanecer confinados en compartimentos estancos. Integrar estas agendas no implica diluir sus particularidades, sino reconocer que constituyen respuestas complementarias frente a un mismo desafío: proteger la integridad financiera e institucional e impedir que los recursos de origen ilícito se transformen en poder económico, influencia política o capacidad para erosionar el funcionamiento de las instituciones, con graves consecuencias para el ejercicio de los derechos humanos.

Tres desafíos para la evolución del régimen internacional

Si la Cuarta Ronda constituye un punto de inflexión en la evolución del régimen internacional ALA/CFT/CFPADM, también permite identificar algunos de los principales desafíos que deberán orientar su desarrollo futuro. Más allá de las diferencias entre jurisdicciones, la evidencia comparada demuestra que las limitaciones del sistema no responden únicamente a déficits normativos o institucionales, sino también a cuestiones vinculadas con la definición de prioridades, la comprensión de los riesgos y el gobierno del régimen internacional.

El primer desafío consiste en profundizar el enfoque basado en riesgo mediante una comprensión más equilibrada e integral de las amenazas que afectan la integridad del sistema financiero internacional. La Cuarta Ronda incorporó el riesgo como eje estructural de las evaluaciones mutuas; sin embargo, sus resultados muestran que la identificación y priorización de las amenazas continúa presentando importantes asimetrías. Mientras determinados riesgos —especialmente aquellos vinculados con delitos precedentes tradicionalmente asociados a economías emergentes— reciben una atención prioritaria, otros relacionados con la opacidad financiera, las jurisdicciones con altos niveles de secreto financiero, las estructuras societarias complejas y los centros financieros internacionales permanecen comparativamente menos considerados. Fortalecer el enfoque basado en riesgo exige, por lo tanto, ampliar la mirada y construir una comprensión más completa de los factores que favorecen la generación, canalización y ocultamiento de los flujos financieros ilícitos.

El segundo desafío consiste en concentrar mayores esfuerzos sobre los principales facilitadores de esos flujos. La evidencia obtenida de las evaluaciones mutuas revela que algunas de las debilidades más persistentes del régimen internacional se encuentran precisamente en aquellos ámbitos donde se define la transparencia efectiva del sistema: la regulación y supervisión de los sujetos obligados, la identificación del beneficiario final y el control sobre las personas y estructuras jurídicas. Estas deficiencias adquieren particular relevancia en aquellas jurisdicciones que concentran una significativa actividad financiera internacional o presentan mayores niveles de opacidad, debido a que pueden facilitar la circulación, integración y ocultamiento de activos ilícitos con impactos que exceden ampliamente sus fronteras nacionales. En consecuencia, mejorar la efectividad del sistema requiere no solo fortalecer los controles internos de cada jurisdicción, sino también considerar las externalidades que determinadas deficiencias generan sobre el conjunto del sistema financiero global.

Finalmente, el tercer desafío remite a la dimensión política y de gobernanza del régimen internacional ALA/CFT/CFPADM. Las evaluaciones mutuas constituyen un proceso técnicamente sofisticado y metodológicamente desarrollado. No obstante, se desenvuelven en un contexto caracterizado por relaciones de poder, intereses económicos y capacidades de influencia desiguales entre los distintos actores. La preservación de su legitimidad requiere fortalecer la aplicación coherente, objetiva y universal de los estándares, asegurando que el tratamiento otorgado a cada jurisdicción resulte proporcional a los riesgos que enfrenta y a las externalidades que proyecta sobre el sistema internacional. Esto implica evitar tanto que determinadas jurisdicciones reciban un tratamiento más exigente frente a riesgos comparables, como que se apliquen criterios equivalentes frente a realidades sustancialmente diferentes, desconociendo la magnitud, naturaleza e impacto transnacional de los riesgos involucrados.

En conjunto, estos desafíos no cuestionan la importancia del régimen internacional ni los avances alcanzados durante las últimas décadas. Por el contrario, evidencian la necesidad de profundizar la transformación iniciada por la Cuarta Ronda hacia un modelo más orientado a la efectividad, capaz de comprender los riesgos con mayor equilibrio, concentrar la atención en los principales facilitadores de los flujos financieros ilícitos y consolidar un sistema internacional más coherente, legítimo y eficaz en la protección de la integridad financiera.

En este sentido, la finalización de la Cuarta Ronda no representa el cierre de un proceso, sino el inicio de una nueva etapa en la evolución del régimen internacional ALA/CFT/CFPADM. Las evaluaciones mutuas permitieron alcanzar una comprensión más precisa de sus fortalezas y limitaciones, demostrando que el desafío futuro consiste en transformar ese aprendizaje en políticas públicas orientadas a resultados, capaces de gestionar adecuadamente los riesgos, fortalecer la transparencia y consolidar instituciones con capacidad efectiva de respuesta frente a fenómenos financieros ilícitos cada vez más complejos y globalizados.

En definitiva, el análisis de la Cuarta Ronda abre una reflexión más amplia sobre la necesidad de construir sistemas capaces no solo de prevenir y detectar los flujos financieros ilícitos, sino también de comprender sus impactos sobre las economías, las instituciones y las sociedades. En un mundo caracterizado por mercados profundamente interconectados, estructuras corporativas sofisticadas y capitales que atraviesan múltiples jurisdicciones en cuestión de segundos, la protección de la integridad financiera trasciende el ámbito específico del régimen ALA/CFT/CFPADM y se vincula directamente con la transparencia económica, la lucha contra la corrupción, la confianza en las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y, en última instancia, la garantía del goce efectivo de los derechos humanos.

Para profundizar

Si este artículo despertó tu interés y querés profundizar el análisis, conocer la investigación y acceder al desarrollo completo de sus resultados y conclusiones, podés consultar “La cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI: análisis crítico sobre riesgos, transparencia e igualdad en el sistema ALA/CFT/CFPADM”, publicado por el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra disponible en acceso abierto y gratuito en el siguiente enlace:

https://www.derecho.uba.ar/institucional/centro-estudios-der-tributario/revista-debates-lem.php

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