Por Zenón Biagosch
El autor asegura que la comunidad internacional empieza a entender que los mecanismos tradicionales de generación, intercambio y uso de la información financiera para encarar investigaciones efectivas no están dando los resultados esperados y expone algunas de las recientes iniciativas promovidas por diferentes actores de la comunidad internacional que van marcando una nueva tendencia en este sentido.
Han pasado casi 30 años de la creación del GAFI, principal foro promotor de políticas sobre prevención y control del lavado de dinero, y poco más de 20 de la conformación del Grupo Egmont, organismo internacional que reúne y organiza a las Unidades de Inteligencia Financiera a fin de tener una red internacional para el intercambio de información por ellas administrada.
Luego de tantos años, pareciera ser que la comunidad internacional empieza a entender que los mecanismos tradicionales de generación, intercambio y uso de la información financiera para encarar investigaciones efectivas, no están dando los resultados esperados. Son muchos los recursos invertidos tanto del sector público cuanto del privado, pero aún así no se han logrado los resultados tan buscados. La relación recursos invertidos – logros obtenidos, no es la ideal.
El proceso natural de trabajar como compartimentos estancos donde cada instancia generadora de información, principalmente de los conocidos ROS, cumple con su deber de reporte sin recibir ningún feedback de la autoridad receptora, ni tampoco pudiendo advertir a sus pares o a empresas de su mismo grupo acerca del mismo, pareciera ser un mecanismo en extinción. También empieza a cuestionarse la lógica que dicha información deba ser administrada por un único organismo de análisis sin poder compartirla o solicitar datos complementarios a otros organismos para enriquecer su análisis.
Frente a esta realidad existen diferentes corrientes internacionales que promueven un cambio en los procedimientos para explotar de una forma distinta la información financiera disponible con fines de análisis, inteligencia y posterior investigación. Siempre resguardando los requisitos de confidencialidad que deben regir en este tipo de procesos.
Compartir información no necesariamente implica levantar el secreto, sino que por el contrario podría resultar en incorporar al destinatario de la misma al ámbito de dicho secreto. Para esto se requiere de legislaciones precisas y no improvisadas.
Enumeramos a continuación algunas de las recientes iniciativas promovidas por diferentes actores de la comunidad internacional que van marcando una nueva tendencia en esta materia:
1. Las encaradas por el Royal United Services Institute (RUSI), un Think Tank independiente, fundado en el Reino Unido en 1831 por el famoso Duque de Wellington, dedicado a la investigación en temas de defensa y seguridad nacional.
Esta precursora institución publicó en septiembre de 2015 un documento denominado "Tackling Money Laundering – Towards a New Model for Information Sharing" donde promueve crear una red internacional de intercambio de información pública y privada y el establecimiento de ámbitos nacionales donde dicha información pueda ser compartida entre ambos sectores para su mejor utilización.
A esos fines promueve reorientar el rol de las instituciones competentes, maximizar los recursos disponibles, sean humanos o tecnológicos, adecuar los marcos jurídicos y facilitar la cooperación internacional utilizando al Grupo Wolfsberg y al Grupo Egmont, representando al sector privado y público respectivamente, como pilares de dicha asociación.
Asimismo, creó recientemente el Programa conocido como "Future of Financial Inteligence Sharing", el cual promete publicar el próximo mes de octubre un trabajo de investigación a fin de detallar los mecanismos utilizados para el intercambio de información entre los sectores público y privado en un importante número de jurisdicciones, a fin de ir encarando las reformas necesarias.
2. En segundo lugar cabe resaltar la conformación del "Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT)", en el ámbito de la National Crime Agency del Reino Unido, el cual constituye una mesa de trabajo integrada por muchos de los bancos más importantes del mundo, en representación del sector privado, así como por relevantes organismos públicos del Reino Unido tales como la Metropolitan Police Service, el HM Revenue & Customs, la Serious Fraud Office y la Financial Conduct Authority.
Dicho ámbito tiene como prioridades por medio de la realización de acciones coordinadas entre todos los actores intervinientes, la identificación de amenazas emergentes, la detección de los fondos provenientes de ciertos delitos ligados a la criminalidad organizada, la identificación de metodologías para el financiamiento del terrorismo, entre otras.
Si bien el inicio formal de sus actividades fue el pasado mes de mayo, los resultados obtenidos a la fecha son muy alentadores, tales como: 63 detenciones de personas vinculadas al lavado de activos, inicio de 1000 investigaciones en bancos, identificación de 2000 cuentas vinculadas a personas bajo investigación judicial, 400 cuentas con vigilancia reforzada en bancos y 450 cuentas cerradas con sospechas fundadas.
Estos resultados obtenidos en tan corto plazo, son una muestra que la formación de ámbitos de análisis conjunto público-privado resultarían provechosos.
3. Por último es importante resaltar la reciente iniciativa del GAFI respecto de la publicación y elevación a consulta pública durante el último mes de julio, del proyecto de guía titulada "Guidance for Prívate Sector Information Sharing", la cual insta al sector privado a mejorar el intercambio de información entre las unidades de negocio de un mismo grupo incluyendo a sus filiales en el exterior, también entre sus pares y con el sector público.
Por su parte también insta al sector público a adecuar sus legislaciones para que estas nuevas formas de intercambio no sean violatorias de los marcos jurídicos vigentes.
A nivel local existen iniciativas que se alinean con la tendencia antes expuesta. Si bien son aún incipientes, no por eso menos promisorias. Por caso cabe mencionar las mayores facultades en el intercambio de información otorgadas a la UIF en oportunidad de sancionarse la ley sobre sinceramiento fiscal, como así las recientes prerrogativas establecidas por dicho organismo en su Res UIF 30/2017 la cual promueve una mayor coordinación en el uso de información entre las diferentes unidades de un mismo grupo económico.
Lo expuesto muestra un cambio de paradigma respecto de la necesaria implementación de medidas diferentes para poder controlar amenazas diferentes. El sector privado empieza a tener un rol aún más protagónico en esta desafiante tarea ya que deja de ser un simple guardián con responsabilidades de reportar, para pasar a ser un actor central como auxiliar colaborador de los organismos de investigación.
Asimismo, demuestra que este desafío será exitoso sólo si se encara en forma conjunta entre todos los actores del sector público y privado que posean una comunión de objetivos. Aunque no por ello debemos resignar a adecuar nuestros marcos jurídicos para preservar principios básicos como el de presunción de inocencia y que los ámbitos de análisis conjunto que puedan crearse mantengan los más rigurosos estándares de protección y confidencialidad de la información.
Por último, celebramos las iniciativas expuestas por cuanto demuestran conciencia acerca de la necesidad de contar con sistemas más efectivos para controlar fenómenos verdaderamente amenazantes a nuestros órdenes institucionales y a la integridad financiera de nuestras economías.
