Veinticinco años después, todavía recordamos dónde estábamos cuando vimos las primeras imágenes. El 11 de septiembre de 2001 cambió guerras, fronteras y políticas de seguridad, pero dejó además un legado mucho menos visible: transformó la manera en que el mundo empezó a mirar el dinero. Bancos, reguladores y equipos de compliance pasaron a formar parte de una enorme arquitectura de prevención. La paradoja es que, mientras esa maquinaria se volvía cada vez más sofisticada, una parte del terrorismo aprendía a necesitar cada vez menos dinero.
Por Raúl Saccani
A quienes tenemos edad suficiente para recordarlo nos suele pasar algo extraño: podemos haber olvidado casi por completo qué hicimos el día anterior, pero conservamos con una precisión sorprendente dónde estábamos cuando aparecieron las primeras imágenes, quién nos llamó o quién encendió la televisión. Hay acontecimientos históricos que uno estudia y otros que, de alguna manera, terminan mezclándose con la propia biografía. El 11-S pertenece a esa segunda categoría.
Aquel martes el cielo sobre la Costa Este de los Estados Unidos estaba extraordinariamente azul. Jill Lepore se encontraba dando una clase sobre Andrew Jackson en la Universidad de Boston cuando comenzaron a sonar los teléfonos de sus estudiantes. Una alumna recibía noticias desde Nueva York; otra hablaba con su padre, preocupado por saber si Boston también estaba siendo atacada. Lepore terminó la clase, se subió a su bicicleta y pedaleó con una radio sujeta al manillar para buscar a sus hijos en la guardería. Cuando volvió sobre aquella mañana veinticinco años después, el recuerdo que emergió no fue tanto el de una historiadora contemplando un punto de inflexión de la historia estadounidense como el de una madre tratando de llegar cuanto antes hasta sus hijos.
A cientos de kilómetros, en Dallas, Marlo Cadeddu estaba mirando las mismas imágenes. Había trabajado años antes en el piso cuarenta y seis de la Torre Norte y comenzó a pensar en los ascensores, en sus cables, en la gente que podía haber quedado atrapada allí dentro. Más tarde se convertiría en defensora de ciudadanos musulmanes alcanzados por las redadas que siguieron a los atentados. Terry Albury, incorporado al F.B.I. como agente antiterrorista, recordaría por su parte que durante su entrenamiento veía una y otra vez las imágenes del 11-S hasta sentir que estaba mirando una película snuff. Son historias distintas de un mismo día, pero también de todo lo que vino después: el 11 de septiembre siguió ocurriendo mucho después de que se apagara el fuego.
Mientras tanto, en las oficinas de los bancos del bajo Manhattan y de las principales capitales financieras del mundo, revisar una transferencia internacional seguía siendo una actividad bastante menos dramática. La arquitectura contra el lavado de activos existía desde mucho antes —el GAFI había sido creado en 1989— y las instituciones financieras ya estaban acostumbradas a identificar clientes, conservar documentación y reportar determinadas operaciones. Pero aquel sistema estaba pensado principalmente para buscar dinero que venía del delito: narcotráfico, fraude, corrupción o crimen organizado. La financiación del terrorismo planteaba algo bastante más complicado: el dinero podía ser perfectamente limpio; lo criminal era aquello para lo que iba a utilizarse.
Los diecinueve secuestradores mostraron hasta qué punto esa diferencia importaba. La Comisión del 11-S calculó que toda la operación costó entre 400.000 y 500.000 dólares y que más de 270.000 fueron gastados dentro de Estados Unidos. Los conspiradores abrieron cuentas a sus propios nombres, utilizaron documentos auténticos y movieron dinero mediante bancos y transferencias completamente convencionales. No había una gran fortuna inexplicable ni una sofisticada estructura offshore. Había alquileres, viajes, tarjetas y gastos que, vistos aisladamente, podían pertenecer a cualquier estudiante extranjero.
Eso es, para quienes se encargan del monitoreo transaccional, lo más inquietante de la historia financiera del 11-S. Las operaciones no parecían sospechosas porque, en buena medida, no lo eran desde el punto de vista financiero. La Comisión concluiría después que habían resultado prácticamente invisibles entre los miles de millones de dólares que circulaban diariamente por el sistema. El problema no era simplemente que los bancos no hubieran mirado lo suficiente. Era que todavía no estaba del todo claro qué debían estar buscando.
El sistema tradicional contra el lavado intentaba seguir el origen del dinero. La financiación del terrorismo obligaba a mirar también su destino, sus conexiones y, en última instancia, la intención humana que podía esconderse detrás de una operación completamente rutinaria. Ese cambio conceptual se produjo con una velocidad extraordinaria.
Naciones Unidas había adoptado en 1999 la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, pero cuando llegaron los atentados apenas cuatro países la habían ratificado. Después del 11-S, la urgencia apareció de golpe. El 23 de septiembre, George W. Bush firmó la Executive Order 13224; cinco días después, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1373; el 26 de octubre llegó el USA PATRIOT Act y, antes de que terminara el mes, el GAFI había ampliado su mandato y aprobado ocho Recomendaciones Especiales sobre financiación del terrorismo.
Mirado a la distancia, octubre de 2001 fue un mes extraordinariamente productivo para los reguladores. Pero el verdadero cambio fue menos visible que toda aquella producción normativa. Los Estados entendieron que no podían observar por sí solos el océano de transacciones internacionales por el que podía circular el dinero relacionado con el terrorismo. Necesitaban que los bancos observaran por ellos y que, cuando vieran algo extraño, se lo contaran.En cierto sentido, una parte de la inteligencia financiera se privatizó.
Los bancos siguieron siendo bancos, por supuesto, pero comenzaron a cumplir otra función. KYC, sanctions screening, monitoreo transaccional, beneficiarios finales, corresponsalías y reportes de operaciones sospechosas fueron ganando un peso que resultaría difícil imaginar antes del 11-S. El Terrorist Finance Tracking Program estadounidense llevó esa lógica todavía más lejos: la información financiera ya no servía solamente para encontrar activos que pudieran ser congelados, sino también para reconstruir relaciones. Seguir una transferencia podía permitir saber quién conocía a quién, quién estaba conectado con qué cuenta o dónde se cruzaban dos partes de una red.El dinero empezaba a ser también información.
Esa evolución explica buena parte del crecimiento posterior de los departamentos de FinancialCrime Compliance. Quienes trabajamos hoy en este mundo tendemos a mirar esas estructuras como si siempre hubieran existido con el tamaño y la importancia actuales. No fue así. En apenas un par de décadas, funciones que habían sido relativamente periféricas se transformaron, en muchas instituciones, en enormes infraestructuras humanas y tecnológicas.
Y había buenas razones para semejante inversión. Martin Shubik y Aaron Zelinsky propusieron posteriormente el concepto de TerrorismDamage Exchange Rate: comparar lo que cuesta producir un atentado con el daño que éste consigue provocar. No hace falta aferrarse a una cifra exacta para entender el problema. El 11-S costó menos de medio millón de dólares; sus consecuencias económicas se contaron en decenas de miles de millones. La asimetría es difícil de ignorar: producir un daño extraordinario puede requerir relativamente poco dinero; tratar de impedirlo obliga a vigilar cantidades inmensamente mayores.
El atentado de 1993 contra el WorldTrade Center ya había dejado una anécdota que parece escrita con un humor particularmente negro. Después de la explosión, investigadores del F.B.I. identificaron restos de la camioneta Ryder utilizada para transportar la bomba y llegaron hasta Mohammed Salameh, quien la había alquilado y luego denunciado como robada. Salameh, sin embargo, seguía preocupado por recuperar los 400 dólares que había dejado como depósito. Después de insistir telefónicamente, terminó apareciendo personalmente en la agencia de alquiler. El F.B.I. lo estaba esperando.
La historia sería casi cómica si lo que vino después no hubiera demostrado que los terroristas también aprenden. A medida que el sistema financiero formal se volvió más hostil a determinadas estructuras y transferencias, las organizaciones fueron adaptando sus fuentes de financiación. Algunas se mezclaron cada vez más con economías criminales; otras encontraron recursos allí donde la capacidad estatal era débil y las fronteras entre economía formal, informal e ilícita eran más porosas.
Estado Islámico llevó esa adaptación a otro nivel cuando logró controlar territorio en Siria e Irak. Su modelo no dependía solamente de transferencias provenientes de simpatizantes o patrocinadores externos: podía extraer dinero directamente de la economía que dominaba mediante extorsión, petróleo, saqueo, apropiación de activos e impuestos coercitivos. En ese escenario, buena parte de los recursos se generaba fuera del espacio financiero que los bancos estaban tratando de vigilar.Durante todo este tiempo construimos una maquinaria cada vez más sofisticada para detectar financiación del terrorismo y, mientras lo hacíamos, una parte del terrorismo aprendió a necesitar cada vez menos financiación.
Tom Keatinge, de RUSI, observó hace ya algunos años que alrededor del 75% de los atentados y conspiraciones yihadistas estudiados en Europa entre 1994 y 2013 habían costado menos de 10.000 dólares. Los atentados de Londres de 2005, incluyendo algunos gastos preparatorios, habrían requerido menos de 8.000 libras. A ese nivel, el origen del dinero deja de tener necesariamente algo de extraordinario: puede ser un salario, una tarjeta, un pequeño crédito o ahorros personales.
Ahí el problema para compliance cambia por completo. Podemos construir reglas capaces de detectar una transferencia millonaria que atraviesa varias jurisdicciones y termina en una estructura societaria inexplicable. Mucho más difícil es encontrar la intención detrás de alguien que pide un préstamo de consumo o utiliza su tarjeta de crédito. La pregunta deja de ser cómo detectar una transacción extraordinaria y pasa a ser cómo distinguir una operación peligrosa de otra exactamente igual realizada todos los días por millones de personas.
Los datos más recientes muestran hasta qué punto conviven modelos distintos. El Global TerrorismIndex 2026 señala que más de la mitad de las muertes mundiales por terrorismo se concentran actualmente en el Sahel, donde pesan la fragilidad estatal, los conflictos y las economías informales. Al mismo tiempo, en Occidente, el 93% de los atentados terroristas fatales de los últimos cinco años fueron cometidos por actores solitarios. En un extremo tenemos organizaciones capaces de extraer recursos de territorios, minería, contrabando o extorsión; en el otro, personas capaces de operar con una huella financiera mínima.
Nuestra respuesta ha sido, naturalmente, más tecnología. El analista de 2026 tiene machine learning, análisis de redes, biometría, blockchainanalytics, sistemas de detección de anomalías y cantidades de datos que en 2001 hubieran parecido inimaginables. Somos mucho mejores que entonces para encontrar conexiones y patrones. Pero hay una limitación difícil de resolver: algunas de las amenazas que más nos preocupan pueden no ser financieramente anómalas.
El sistema que construimos produjo además sus propias distorsiones. Cuando el costo regulatorio y reputacional de equivocarse es muy alto, siempre aparece la tentación de resolver el problema eliminando directamente la relación que genera riesgo. Así creció elde-risking: bancos que reducen corresponsalías, cierran cuentas o se retiran de ciertas categorías de clientes, remesadoras, ONG o jurisdicciones porque gestionar esas relaciones resulta demasiado costoso o incierto.
Desde una matriz de riesgo, esas decisiones pueden verse impecables. Desde una comunidad que depende de remesas o una organización humanitaria intentando llevar medicamentos a una zona de conflicto, bastante menos. Existe una contradicción: expulsar operaciones del sistema financiero formal no necesariamente elimina el riesgo; a veces lo único que elimina es nuestra capacidad de verlo.
La Resolución 2664 del Consejo de Seguridad, que en 2022 introdujo una excepción humanitaria para ciertos pagos y servicios dentro de regímenes de congelamiento de activos, puede leerse también como un reconocimiento de esa tensión. Controlar mejor no significa necesariamente controlar más. A veces significa entender mejor qué estamos mirando y qué consecuencias producen nuestras decisiones.
Tal vez ésa sea la principal diferencia entre 2001 y 2026. Después del 11-S, la consigna parecía relativamente sencilla: seguir el dinero. Veinticinco años después sabemos que sigue siendo indispensable, pero que no alcanza. Hay que entender qué relaciones representa ese dinero, qué comportamiento acompaña una operación, qué contexto explica su movimiento y cuánto podemos realmente inferir de una transacción que, observada sola, puede no decir nada.
Los secuestradores del 11-S utilizaron el sistema financiero convencional y sus operaciones se perdieron dentro del enorme volumen de dinero que circulaba cada día. Hoy podemos reconstruir redes, rastrear activos virtuales, identificar conexiones y analizar cantidades de información que entonces hubieran parecido ciencia ficción. Sin embargo, seguimos tratando de resolver una versión más sofisticada del mismo problema: distinguir, dentro de millones de actos cotidianos perfectamente normales, aquel detrás del cual existe una intención que no lo es.
El edificio del compliance contemporáneo no nació entre los escombros del WorldTrade Center; sus cimientos ya estaban colocados. Pero sobre aquellos escombros se levantó buena parte de la arquitectura que hoy conocemos: leyes, listas de sanciones, unidades de inteligencia financiera, algoritmos, reportes y una enorme infraestructura privada dedicada a observar cómo se mueve el dinero.
Volvamos entonces a aquel martes de septiembre y a Jill Lepore sobre su bicicleta. Mientras pedaleaba por Boston no sabía que esa mañana iba a producir guerras, convenciones internacionales, nuevas agencias, bases de datos, algoritmos y departamentos enteros de compliance. No estaba pensando en nada de eso. Quería llegar hasta sus hijos.
Entre aquella bicicleta y todo lo que construimos después hay veinticinco años de historia. Nuestra profesión, en buena medida, vive en el medio.
“The Rising”, de Bruce Springsteen
El disco“The Rising”, de Bruce Springsteen, nació bajo la sombra del 11-S, pero la canción homónima no habla de regulación, inteligencia financiera ni geopolítica; habla de personas avanzando entre humo, oscuridad y miedo. Después de tantas páginas dedicadas a sistemas, datos, alertas y riesgos, nos parece una buena manera de recordar qué era, en definitiva, aquello que todos esos sistemas intentaban proteger. Te invitamos a escuchar esta exquisita versión interpretada por Sting en el tributo a Bruce Springsteen.
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Referencias
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