En su más reciente informe sobre la economía argentina, la OCDE pone el foco en una dimensión clave y muchas veces relegada: la integridad. El organismo advierte que la corrupción sigue siendo un obstáculo estructural para el desarrollo del país. Desde la fragmentación normativa hasta la falta de protección para denunciantes y la débil regulación del lobby, el diagnóstico es tan preciso como preocupante. Aunque se ofrece una hoja de ruta concreta para avanzar hacia un entorno empresarial más transparente y competitivo, debe recordarse que, sin decisión política ni liderazgo institucional, toda reforma corre el riesgo de naufragar. Sin consensos, no hay integridad sostenible.

Por Raúl Saccani

El informe “OECD Economic Surveys: Argentina 2025”1 , es el más reciente estudio de la OCDE sobre la economía argentina, publicado el 7 de julio de 2025. El objetivo es evaluar los logros alcanzados, los desafíos pendientes y las reformas necesarias para estabilizar la economía y reactivar el crecimiento.

El cuarto capítulo titulado “Hacia un mejor entorno empresarial“2 , redactado por el economista Adolfo Rodríguez-Vargas, incluye una sección referida a la integridad en las empresas y el gobierno. Su inclusión se funda en que la corrupción distorsiona la competencia al crear una ventaja injusta para las empresas que incurren en prácticas ilícitas y aumenta el costo de hacer negocios al imponer cargas adicionales para obtener contratos o permisos3 .

El informe argumenta que las percepciones de corrupción en Argentina siguen siendo altas en comparación con las ratios internacionales y no han mejorado significativamente en las últimas tres décadas. A continuación, se reproducen los gráficos que utiliza el informe para ilustrar esta observación.

Aunque en la Argentina el costo de la corrupción por sobornos se ha estimado en 0,8% del PIB anual4 , sólo el 28% de los argentinos considera que el país ha logrado al menos algún progreso en la reducción de la corrupción, en comparación con el 37% de América Latina. El 30% reporta haber tenido conocimiento de actos de corrupción en los últimos 12 meses5 .

La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina fue creada en 1999 y ha sido fundamental para fortalecer los procedimientos de prevención y gestión de conflictos de intereses en el gobierno6 . Las salvaguardas regulatorias para prevenir la corrupción están a la par con los países de la OCDE en varias áreas (ver Panel D en los gráficos arriba). Sin embargo, observa el informe, la legislación relativa a la integridad en el sector público sigue siendo fragmentada. Las recomendaciones formuladas en el Examen de Integridad de la OCDE en Argentina7 , que abordarían en parte la fragmentación de la legislación en materia de integridad, aún no ha sido aprobada por una reforma legislativa. Tampoco se ha actualizado la Ley de Ética Pública.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, la Fiscal GeneralPam Bondi ha tomado la decisión de despedir a Joseph Tirrell, su asesor de ética personal, quien había dedicado casi 20 años al Departamento de Justicia (DOJ). Tirrell recibió una carta de despido el 11 de julio, sin que se le proporcionara una explicación clara sobre su destitución.Durante su tiempo en el DOJ, Tirrell lideró la oficina de ética, encargándose de revisar y aprobar divulgaciones financieras, recusaciones, exenciones de conflictos de interés, y de asesorar sobre viajes y regalos para altos funcionarios del departamento.Trump destituyó en febrero al jefe de la Oficina de Ética Gubernamental, una agencia independiente que consultaba regularmente con el equipo de Tirrell sobre conflictos y revelaciones de nombramientos políticos.8

Mejor volvamos al informe de la OCDE sobre la Argentina. La sección referida a la integridad se detiene a revisar la situación de los denunciantes, quienes pueden ayudar a descubrir información que podría conducir a la prevención o investigación de la corrupción. La Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas aborda la corrupción en el sector privado, alentando a las empresas a establecer mecanismos para denunciar conductas indebidas, especialmente para aquellas involucradas en la contratación pública o contratos con el gobierno. Sin embargo, observa el informe, la ley debe modificarse para establecer explícitamente protecciones para los denunciantes en el sector privado, que actualmente no están vigentes.

Según la OCDE, las pymes se enfrentan a riesgos de corrupción similares a los de las grandes empresas, pero las percepciones sobre la necesidad de establecer medidas anticorrupción suelen estar menos desarrolladas, por lo que no logran desarrollar estructuras básicas de Compliance9 . Es esencial sensibilizar a las pymes sobre los riesgos de corrupción y las prácticas de lucha contra la corrupción, pero a menudo es difícil, observa el informe. Aquí la OCDE comenta que la Oficina Anticorrupción ha implementado el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), una plataforma en línea gratuita y voluntaria para complementar los programas de integridad, que incluye una caja de herramientas con materiales de referencia y un simulador de autoevaluación para ayudar a las entidades a evaluar el nivel de madurez de sus programas de integridad10 .

Otro aspecto que destaca el informe son las actividades de lobby: debe ser transparente y estar regulado para evitar una influencia indebida en las decisiones gubernamentales o en la opinión pública. Si bien existe un registro de reuniones entre representantes de intereses y funcionarios públicos, observa la OCDE, Argentina podría establecer un registro público de lobistas para hacer más transparente y justo el diseño de las regulaciones, como lo hacen muchos países de la OCDE. Los gobiernos deben supervisar el cumplimiento de la regulación de los grupos de presión e imponer sanciones cuando se produzcan infracciones. Argentina carece de una definición general explícita de las actividades de cabildeo dentro de su marco regulatorio, lo que dificulta evitar que los grupos ejerzan una influencia indebida. Según informa la OCDE, el Decreto de 2003 sobre cabildeo no tiene valor jurídico y sólo se aplica al poder ejecutivo. Además, no existe un organismo centralizado encargado de supervisar la transparencia de las actividades de los grupos de interés, ni se han llevado a cabo investigaciones sobre los grupos de interés en 202311 . La incorporación de una definición explícita de las actividades de cabildeo en el marco regulatorio, concluye la OCDE, es un primer paso crucial para mejorar el cumplimiento y reducir los riesgos de influencia indebida.

Conclusión

El diagnóstico de la OCDE es claro: la fragmentación legislativa, la falta de protección efectiva a denunciantes, la escasa preparación de las pymes en materia de compliance y la opacidad en la regulación del lobby son eslabones débiles de una cadena institucional que necesita ser reforzada con urgencia. Caminos posibles: completar la reforma de la Ley de Ética Pública, ampliar el marco legal para proteger a quienes denuncian irregularidades, profundizar el alcance del Registro de Integridad Empresarial y, especialmente, dotar de legalidady fiscalización efectiva al universo de las actividades de lobby.

En un contexto donde los desafíos económicos requieren atraer inversiones y generar confianza a largo plazo, la integridad no puede ser una promesa vaga ni una simple declaración de principios. Tiene que ser una política pública activa, transversal y medible. El camino propuesto por la OCDE ofrece una hoja de ruta concreta para que el país avance hacia un modelo de gobernanza más transparente, competitivo e inclusivo.

Como suele ocurrir con las reformas estructurales, el mayor desafío es político. Argentina cuenta con diagnósticos y propuestas, pero sin voluntad sostenida y liderazgo institucional, el riesgo es que queden archivados en el cajón de los buenos intentos. La integridad, como señala el informe, es una construcción cotidiana que requiere de constancia, coherencia y, sobre todo, consensos. Desafortunadamente, una mala palabra en los tiempos que corren.

Disclaimer

Por favor lea el descargo de responsabilidad12 .

Referencias

1 OECD (2025), OECD Economic Surveys: Argentina 2025, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/27dd6e27-en.

2Mejorar el entorno empresarial de Argentina, dice el resumen del capítulo cuarto, es clave para impulsar el estancamiento del crecimiento económico y revertir la caída de la productividad laboral. Las recientes medidas políticas para simplificar las regulaciones comerciales han generado, a criterio del autor, mejoras considerables y deberían continuar, en particular abordando las barreras de entrada restantes al sector servicios. Garantizar la independencia de la autoridad de competencia será clave para fortalecer la competencia. Continuar flexibilizando las restricciones a las importaciones y mejorar el atractivo del país para los inversores internacionales puede ayudar a las empresas nacionales a acceder a mejores tecnologías y a mejorar su productividad, a la vez que fomenta nuevas oportunidades de exportación. Abordar la baja eficiencia del sistema judicial, mejorar la infraestructura, impulsar la digitalización y fortalecer la integridad del sector público podría reducir costos y fortalecer la competitividad de las empresas argentinas.

3 Además, dice el informe, la corrupción reduce la calidad y la disponibilidad de los servicios públicos, desvía los fondos públicos e interrumpe la asignación de recursos. La corrupción también debilita la capacidad del gobierno y disminuye la confianza en las instituciones públicas. Cfr. Olken, B. and R. Pande (2012), “Corruption in Developing Countries”, Annual Review of Economics, Vol. 4/1, https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110917.Los datos relativos a los países en desarrollo también sugieren que la corrupción puede obstaculizar el acceso de las pymes a la financiación. Cfr. Amin, M. and V. Motta (2021), The Impact of Corruption on SMEs’ Access to Finance. Evidence Using Firm-Level Survey Data from Developing Countries, World Bank Group.

4 Grandes, M. and A. Coremberg (2020), “Corruption accounting and growth: towards a new methodology”,

Journal of Financial Crime 27/1, https://doi.org/10.1108/JFC-04-2019-0039. El propósito de este trabajo es demostrar empíricamente que la corrupción causa costos macroeconómicos significativos y considerables para los países en términos de actividad económica y crecimiento económico. Los autores modelaron la corrupción basándose en la literatura sobre el crecimiento endógeno y, finalmente, estimaron el costo macroeconómico de la corrupción (sobornos pagados a funcionarios públicos) utilizando Argentina 2004-2015 como estudio de caso.Los autores encontraron que los costos se sitúan en una tasa acumulada mínima del 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) o del 0,8 por ciento anual. Estos resultados proporcionaron un piso de costos de la corrupción y fueron consistentes con investigaciones anteriores sobre las pérdidas por corrupción en el mundo, estimadas en un 5% por el Foro Económico Mundial, y con las pérdidas estimadas entre una tasa anual del 1,3% y el 4% y el 2% del PIB por la corrupción del Brasil y el Perú, respectivamente.

5 Latinobarómetro (2024), Latinobarómetro. Informe 2024, https://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

6 Destaca el informe que la Oficina Anticorrupción se ha esforzado por crear conciencia sobre los conflictos de interés entre los servidores públicos y está avanzando en la prestación de orientación más práctica. En 2024, la Oficina rediseñó ocho cursos básicos para satisfacer las necesidades de diferentes públicos, puso en marcha sesiones presenciales específicas para altos funcionarios de varias instituciones públicas y elaboró un amplio programa de formación sobre ética pública para mejorar la aplicación práctica de las normas de integridad. Se han desarrollado criterios de cualificación y rendimiento para todos los puestos del sector público, y en 2024, se introdujeron las pruebas de competencia obligatorias para los empleos en la administración pública y las empresas estatales, eliminando los privilegios hereditarios en los empleos públicos. La Oficina emite instrucciones vinculantes a través de sus notas, informes y resoluciones, que pueden dar lugar a procedimientos disciplinarios o a la nulidad de acciones que impliquen conflictos de intereses.

7 OECD (2019), OECD Integrity Review of Argentina: Achieving Systemic and Sustained Change, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/g2g98ec3-en.

8 Bondi despide a su jefe de ética personal mientras continúa la purga del Departamento de Justicia (2)

9 OECD (2022), Toolkit for raising awareness and preventing corruption in SMEs. OECD Business and Finance Policy Papers, No. 21, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/19e99855-en.

10 RITE - Oficina Anticorrupción. (n.d.). https://www.rite.gob.ar/herramientas.

11 OECD (2024), Government at a Glance Latin America 2024 - Country Notes: Argentina, OECD Publishing, Paris,https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-latin-america-2024-country-notes_6ece9d93-en/argentina_c6660e34-en.html.

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